Ponderación constitucional entre el derecho de protesta y el derecho a la paz social garantizado por la Policía Nacional del Perú

Abstract

En un Estado de derecho, los derechos humanos (DD. HH.) garantizan la existencia y la convivencia pacífica del ser humano, pueden ser violados, pero no destruidos, nos ofrecen respeto y nos obligan a tratar con igualdad a los demás, son inalienables, indivisibles y universales, están respaldados por los tratados, convenios y/o pactos internacionales. Además, son recogidos en los cuerpos legislativos nacionales por medio de las constituciones, lo que permite el libre desarrollo y una vida digna del ser humano. Sin embargo, los derechos humanos muchas veces son transgredidos debido a los conflictos sociales, es decir, cuando ciertos sectores o grupos de interés y el Estado perciben que sus intereses económicos, sociales, políticos y culturales u otros motivos, son opuestos y lejanos a lo que se esperaba, tal es el caso que, en los últimos meses del 2022 y a inicios del presente año, debido a las políticas públicas de gobierno, las manifestaciones sociales han convulsionado al Perú. Es así como, el derecho a la protesta y el derecho a la paz social garantizado por la Policía Nacional del Perú (PNP) se vieron afectados, debido a que el desarrollo del derecho a la protesta se tornó en violenta, y no se desarrolló dentro de los alcances de la Ley. Y, el derecho a la paz social es vulnerado, por lo tanto, es indispensable la ponderación constitucional de ambos derechos a fin de buscar la primacía de cierto derecho y la erradicación de la vulneración de más derechos fundamentales que se encuentran involucrados.