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Sime Marques, Alcibíades
Custodio Chafloque, José
Custodio Chafloque, Carmen Rosa
Ruíz Tejada, Mily Giovany
2017-03-30T22:24:14Z
2017-03-30T22:24:14Z
2011
https://hdl.handle.net/20.500.12802/2104
La necesidad de una protección efectiva ha motivado el incremento de estas medidas legislativas, que se han traducido en acciones de defensa de derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional y la derogatoria de leyes, abiertamente inconstitucionales y violatorias del concepto de dignidad de las personas, como por ejemplo la derogación del Artículo 416 del Código Civil, Prueba sobre la conducta de la madre, respecto del Hijo Alimentista; artículo derogado por el Artículo 6 de la Ley Nº 27048, publicada el 06-01-99. Estas acciones afirmativas de tuición de colectivos sociales, muy a pesar que no se quiera reconocer esta denominación, han tenido mediano efecto en la sociedad. Numerosas organizaciones civiles pro derechos de la mujer, han elevado el nivel de conciencia y defensa de derechos fundamentales de la mujer, así como han prestado auxilio a las mismas para defender los derechos de sus menores hijos. El incremento del número de mujeres parlamentarias en forma complementaria ha ido incrementándose proporcionalmente a estas medidas legislativas. De la época en que Beatriz Merino, propuso la eliminación del perdón de una violación a cambio de matrimonio, hasta la actualidad, numerosas legisladoras se han preocupado de este problema social, que no sólo afecta a la familia nuclear, sino que tiene implicas económicas y sociales en la realidad nacional. Sin embargo, en aras de una protección de derechos de la mujer, se han venido cometiendo una serie de imprecisiones que han repercutido en una serie de procesos de creación de dos nuevas categorías de víctimas. La primera categoría que se desprendería de esta afirmación, sería la conformada por aquellos agresores que ante la dureza de la ley, se verían perjudicados en sus derechos frente a sus hijos o frente a sus propios intereses económicos. No analizaremos este grupo, por cuanto no es materia de este trabajo. La segunda categoría está conformada por aquellos miembros de la familia, que a pesar de su situación de víctima original, forman parte de un proceso aún mayor de violencia tanto social, judicial como económica. La gravedad de su situación y el incremento de los niveles de perjuicio en tal sentido no podrán ser satisfechas así obtengan una victoria judicial o se les brinde un apoyo psicológico a nivel estatal. En esta categoría de víctimas, encontramos a los menores de edad que se encuentran en el medio de los conflictos conyugales y a los cónyuges víctimas de su pareja, respecto de una violencia física, psicológica y moral, y que por diversas circunstancias incrementan su nivel de perjuicio al no tener garantías judiciales de una pronto auxilio o no se cuenten con los mecanismos idóneos de obtener una pensión alimenticia. Nótese para este caso que no hacemos cuestión de estado al referirnos a una categoría sexual de la víctima, por cuanto es posible encontrar situaciones particulares en donde la víctima de esta categoría sea el propio varón, padre de familia. He aquí el problema de nuestra investigación, el Síndrome de Alienación Parental y su influencia dentro de un proceso de tenencia y régimen de visitas, su valoración y que deben de hacer los jueces o fiscales a fin de salvaguardar al menor, en aras del principio superior del niño. (es_PE)
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Universidad Señor de Sipán (es_PE)
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Interés superior (es_PE)
NIño (es_PE)
Tenencia y régimen de visitas (es_PE)
Examen pericial (es_PE)
Síndrome de alineación parental (es_PE)
Juzgados de familia (es_PE)
La trasgresión del principio del interés superior del niño en los procesos de tenencia y régimen de visitas como consecuencia de la valoración del examen pericial del síndrome de alienación parental en los Juzgados de Familia de Chiclayo (es_PE)
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Derecho (es_PE)
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Abogado (es_PE)
PE (es_PE)
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421016 (es_PE)
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Privada societaria



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