Análisis de la ley de transparencia y acceso a la información pública n° 27806 frente al derecho a la intimidad en la región Lambayeque - período 2013.

Abstract

Mediante la presente investigación, que constituye la tesis para optar el grado profesional de Abogado, denominada: “Análisis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nº 27806 frente al Derecho a la Intimidad en la Región Lambayeque- Período 2013”, se ha podido determinar la existencia de un conflicto entre dos derechos fundamentales, esto es, el Derecho a la Información Pública y el Derecho a la Intimidad, establecidos en los incisos 5 y 7, respectivamente, del artículo 2º de nuestra Constitución Política. Así tenemos, que el Inc. 5 estipula, el derecho “A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”, mientras que el Inc. 7 determina, el derecho “Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias”, concepciones fundamentales que están estrechamente vinculados, en el tema que es motivo del presente análisis. En este sentido, la investigación nos ha permitido constatar, lo planteado en nuestra hipótesis sobre la vulneración, en algunos casos, del derecho a la intimidad, encontrando la existencia de empirismos normativos y discrepancias teóricas. Nuestro objetivo ha permitido analizar las razones por las que el derecho a la Intimidad Personal, en algunos casos, es afectado por esta Ley Nº 27806, y por lo tanto, se plantea alternativas que podan reducir los riesgos, contribuyendo a tener una adecuada normatividad sobre Trasparencia y Acceso a la Información Pública, respetando el Derecho a la Intimidad Personal y Familiar. Después de haber realizado un análisis documental y normativo, inclusive de legislación comparada y, planteado un cuestionario, nos ha permitido obtener como resultado que el 68% de los Responsables (Magistrados y Funcionarios de la Administración Pública) no aplican los conceptos básicos. Mientras que la Comunidad Jurídica (Abogados y Docentes), no los aplica en un 72%; de esta manera la investigación realizada nos permite determinar la existencia de Empirismos Normativos y Discrepancias Teóricas.