El divorcio incausado como alternativa idónea para la petición unilateral en la disolución del matrimonio en la ciudad de lima durante el año 2017-2018

Abstract

La presente investigación estuvo dirigida a estudiar el divorcio incausado como alternativa idónea para la petición unilateral en la disolución del matrimonio en la ciudad de Lima durante el año 2017-2018. En los casos, donde se busca terminar con el matrimonio y no prime el principio de mutuo acuerdo para su disolución, se deberá recurrir al poder judicial presentado las pruebas que sostengan alguna de las causales preestablecidas en el Código Civil para la disolución del matrimonio, no permitiendo así la disolución por decisión unilateral sin causa. En tanto, llevar el divorcio a la vía judicial no solo es un tema de tiempo y costo, sino un problema de limitación al libre desarrollo de la persona. En ese sentido, el objetivo principal estuvo dirigido a analizar si el divorcio incausado se puede constituir como una alternativa para la petición unilateral de la disolución del matrimonio. El estudio fue desarrollado bajo un enfoque descriptivo expositivo, donde se aplicó un cuestionario cuyos informantes fueron Abogados, Jueces, Fiscales y Policías, cuyos resultados más resaltantes fueron que un total de un 68% de los encuestados manifestaron que la sola separación de hecho es suficiente para conceder el divorcio por extinción de la armonía conyugal. Por lo tanto, en las conclusiones se llegó a determinar que el divorcio incausado es una alternativa para la petición unilateral de la disolución del matrimonio, este por tener múltiples beneficios para persona, la sociedad y la familia. Por un lado, permite el ejercicio libre del derecho al libre desarrollo basado en la voluntad de la persona para solicitar que el matrimonio se disuelva, mientras que por otro lado se garantiza la intimidad de la persona y la familia no exponiendo a terceros su vida íntima, además de evitar que se provoquen conflictos familiares en la búsqueda del divorcio causal, así, mismo genera descarga procesal y ahorro económico al Estado cuando tiene que conocer pretensiones sobre divorcio causal.