Fortalecimiento institucional y operativo de la inversión sectorial

Abstract

“El 80% de proyectos de inversión pública no genera impacto, El MEF señala que el 99% de proyectos de inversión pública son aprobados por los gobiernos locales y regionales. La mayoría se ejecuta sin estudios de factibilidad” Cada año se aprueban y se consideran viables unos 25,000 proyectos de intervención pública, de los cuales 80% son proyectos que no contribuyen a generar desarrollo económico y una mejor calidad de vida, según alertó Carlos Giesecke, director General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Estos proyectos que no causan mayor impacto en la población peruana son aprobados, fundamentalmente, por los gobiernos locales y regionales. De los 25,000 proyectos, el 99% son aprobados por las autoridades subnacionales; solamente un 1% es aprobado por el MEF Esto explica —según el funcionario- por qué pese al fuerte incremento de inversión pública, los indicadores sociales en el Perú, en los últimos años, no han mejorado como se esperaba. Entre el 2005 y el 2010 el presupuesto de inversión pública se multiplicó por 5.5 veces, de S/. 4,169 millones a S/. 23,115 millones. La pobreza aún afecta al 3 1.3% de la población peruana y con alto riesgo de retomar a esa condición ante cualquier evento negativo. Para revertir esta situación se deben programar proyectos de inversión pública que abarquen realidades mayores a una realidad local, para buscar desarrollos complementarios y adecuadamente articulados, proyectos programáticos que den soluciones integrales. Para ello no se deben ajustar los proyectos de inversión pública a los presupuestos disponibles, porque reducirá sus impactos, les restará eficacia. En este sentido la planeación estratégica sectorial juega un rol de suma importancia, para la existencia de un marco de inversión de largo plazo, con orientaciones claras y concisas, tanto para la inversión pública como para la inversión privada, de las intenciones de un desarrollo sectorial integrado y complementario entre ambas inversiones, en pos de impactos reconocibles y sostenibles que beneficien objetivos de desarrollo y de bienestar socialmente reconocidos. Sin embargo, la realidad es otra, nuestra investigación ha encontrado que los impactos de los proyectos sectoriales, en este sentido, carecen de un impacto programático, el que se consigue con planes estratégicos de desarrollo sectorial cuyas líneas de acción y líneas de política, concertadas, definen respectivamente los proyectos y su contribución a los objetivos de desarrollo y bienestar. No se trata entonces de aprobar proyectos con impacto social, sino con impacto programático, el impacto social por si mismo no es necesariamente sostenible, aspecto que no se esta contemplando en los procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), lo cual deja un vacío conceptual del que nadie es responsable o esta interesado en resolver, el que no exista una relación entre los planes de desarrollo sectorial y la inversión que efectivamente se realiza o aprueba. La situación puede sintetizarse en la siguiente expresión: Los proyectos sectoriales, específicamente la inversión pública, no tienen ninguna orientación global ni visión de largo plazo y no tienden a producir, en este sentido, un servicio tangible real y sostenible. Y, debe añadirse que tampoco será posible que estos proyectos sean controlados, monitoreados y evaluados, por carecer de indicadores dentro de un marco de planeamiento estratégico programático, que son los que le dan tangibilidad y evaluabilidad. Esta evidencia sugiere la necesidad revisar y reformular la visión de la inversión pública, sus paradigmas, incluido el actual paradigma de presupuesto por resultados, el que peligrosamente, si se suma al actual vacío conceptual sobre el tema programático, los resultados que se logren con dicho paradigma acentuarán la brecha entre la búsqueda de desarrollo para el bienestar y los resultados de la inversión en este sentido o fin. Se concluye que es urgente iniciar acciones en pos de un fortalecimiento institucional y operativo de la inversión sectorial, para obtener resultados razonables en la búsqueda del desarrollo para el bienestar social.