Comportamiento funcional e ineficacia jurídica del Órgano Constitucional Defensoría del Pueblo, Departamento de Tumbes, 2020

Abstract

El estudio tuvo por objetivo analizar de qué manera el comportamiento funcional genera ineficacia jurídica del Órgano Constitucional Defensoría del Pueblo, del Departamento de Tumbes. 2020. El tipo de estudio fue descriptivo, cuantitativo y explicativo, de diseño no experimental. Se emplearon los métodos, inductivo, deductivo, analítico y hermenéutico en el análisis de la información. Se utilizaron la técnica documental, encuesta y la entrevista para la compilación y recopilación de datos. Empleándose como instrumentos la ficha bibliográfica, el cuestionario y la guía de entrevista respectivamente. La muestra estuvo constituida por 384 ciudadanos y de ocho para el personal administrativo. El resultado obtenido se refiere a que la Defensoría del Pueblo (DP) se constituye en una actividad de control, que podría denominarse atípico distinto al control del poder judicial, porque la actuación de la DP es a manera de colaboración y no de enfrentamiento sino en una suerte de diálogo institucional para mejorar la gestión institucional y de respeto a la normatividad. De las encuestas realizadas a los usuarios o denunciantes, se concluye que están totalmente en desacuerdo con el resultado del procedimiento que aplica la Defensoría del Pueblo, para solucionar sus conflictos, provocando malestar en los denunciantes y consideran que sus resoluciones o decisiones administrativas non ineficaces. Los usuarios de la Defensoría del Pueblo de Tumbes, no tienen conocimiento sobre sus derechos previstos en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Las facultades de la Defensoría del Pueblo son limitadas, porque la institución no tiene atribuciones coercitiva para hacer cumplir sus decisiones, con la finalidad de atender eficazmente los conflictos administrativos que conoce. Para el criterio de los usuarios de la Defensoría, se le debe otorgar legalmente facultades para la ejecución o cumplimiento de sus decisiones, como resultado del procedimiento administrado, para que su intervención tenga efecto en la solución de las denuncias que conoce.