Avances en la protección del derecho a la nacionalidad de las personas en condición de apatridia en el Perú, 2023

Abstract

La Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra que todo ser humano tiene el derecho de ostentar una nacionalidad proveniente del territorio donde nació en caso no tenga derecho a otra, proscribiendo cualquier acto que restringa o prive arbitrariamente el ejercicio de dicho derecho. En ese sentido, la nacionalidad es un derecho humano que implica el ejercicio y goce de una serie de derechos fundamentales como la salud, educación, trabajo, entre otros, sin embargo, aún existen situaciones en que la falta de nacionalidad afecta el ejercicio de estos derechos. Según Mondelli (2015) la apatridia socava la vigencia de otros derechos humanos, como el derecho a la identidad, y es una situación que afecta especialmente a niños que nacen sin una nacionalidad. La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 define la apátrida como un término que se le asigna al ser humano que no es considerado como nacional de ningún país, dentro de su marco legal. Hace muchos años esto representa un problema mundial, que se agudizó con el surgimiento de la pandemia generada por el Covid-19, en cuyo escenario las personas apátridas tuvieron un acceso limitado a pruebas, tratamientos, entre otros; tal como lo indica las Naciones Unidas, quien considera que aproximadamente 10 millones de personas a nivel mundial son apátridas; por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha identificado a por lo menos 3.9 millones de apátridas en 78 Estados en diferentes continentes. Dicha situación no es ajena en América Latina, según Vargas (2020), es el continente que ha realizado mayores medidas de prevención y protección para contrarrestar la apatridia, no obstante, aún existen algunos países que tienen un marco normativo que coloca a niños y niñas nacidos en situación de apatridia, debido a medidas burocráticas que impiden a dichas personas poder acceder a sus derechos fundamentales, como es el caso de Colombia, que solicita a los migrantes acreditar el domicilio de uno de los padres para conceder la nacionalidad, problemática se ha agudizado en los últimos años con la migración venezolana. Otro caso crítico es el de República Dominicana, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2020) existe una discriminación racial contra los hijos nacidos de migrantes Haitianos, ya que en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0168/13 del 2013, se interpretó y se dispuso que los documentos de nacimiento de 1929 hasta el 2007 registrados como “extranjeros en tránsito” sean registrados como nacimientos de extranjeros, privando arbitrariamente a un número significativo de personas de la nacionalidad dominicana. Por lo que las altas tasas de migración, como es la de los ciudadanos venezolanos a nivel mundial, generó una mayor situación de niños y niñas sin nacionalidad, puesto que para el 2019, hijos de migrantes venezolanos nacidos en Colombia no tenían nacionalidad y por ende una falta de protección a sus derechos, ya que la normativa de dicho país establece que la nacionalidad es otorgada siempre que el padre o la madre fueran colombianos o que alguno de ellos tenga residencia en el citado país. Sumado a la pandemia, para Pilatowsky (2018), el problema sustancial de que una persona tenga la condición de apátrida no se basa en la idea de ser iguales ante la ley sino en el hecho de que no existe, en muchos Estados, un marco legal o ley destinados a estas personas.