Complicaciones empresariales en la atención de cartas inductivas emitidas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral en el periodo 2022-2023

Abstract

En los últimos años, la rama del derecho laboral ha sido una de las áreas con mayor progresión en el ordenamiento legal. La causa se debe principalmente a la ejecución de diversos procedimientos iniciados por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral en aras de proteger los derechos y deberes de los trabajadores tanto como las obligaciones y derechos del empleador en el marco de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es así que, la Ley General de Inspección y su reglamento desarrollan y aplican las normas dentro del Sistema de Inspección del Trabajo, a través de las cuales se identifican aquellas faltas que serían pasibles de sanción. Pero la determinación no es instantánea o sin derecho a defensa, sino que como todo procedimiento administrativo y tratándose, además, de un procedimiento administrativo usualmente, nos encontramos frente a una situación de incertidumbre frente a la autoridad administrativa ya que, según las estadísticas, desde la época de crisis sanitaria, entiéndase pandemia por COVID-19, se han emitido miles de cartas inductivas a nivel nacional a modo de prevención para el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley General de Inspección, habiendo notificado tantos empleadores como número de empresas siendo ello, una alarmante cifra no solo de crecimiento en las empresas sino de incumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. En ese sentido, el presente trabajo de suficiencia profesional nos ayudará a descubrir cómo actuar frente a una actuación preventiva que, si bien es cierto, no podemos evitar ya que ello es parte del ejercicio para el cumplimiento de la normativa laboral por parte de los empleadores frente a sus trabajadores y viceversa, al menos podemos estar preparados para entender cuándo estamos frente a una actuación preventiva de oficio de la autoridad administrativa sin que ello signifique encontrarnos frente a una actuación inspectiva. sancionador se respeta el debido procedimiento de los administrados. Incluso la autoridad administrativa realiza actuaciones que pueden llevarse a cabo previamente al procedimiento administrativo sancionador como tal, ello está referido a las acciones previas, tales como las cartas inductivas. Así pues, surge la duda sobre cómo podemos estar seguros de que las actuaciones inspectivas de la administración están siendo direccionadas correctamente dentro del Sistema de Inspección del Trabajo, ya que ello significaría que la autoridad administrativa -en este caso la autoridad fiscalizadora- como lo es SUNAFIL cuente con una base de datos que le permita obtener información, para luego procesarla, cotejarla y finalmente confrontarla con lo declarado. Entonces entendemos que las cartas inductivas como tal deberían estar direccionadas a empleadores a los que se quiera advertir una anomalía o aclarar una inconsecuencia sobre lo formalmente inscrito. Sin embargo, en la realidad no necesariamente se aplica de esa forma pues usualmente, nos encontramos frente a una situación de incertidumbre frente a la autoridad administrativa ya que, según las estadísticas, desde la época de crisis sanitaria, entiéndase pandemia por COVID-19, se han emitido miles de cartas inductivas a nivel nacional a modo de prevención para el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley General de Inspección, habiendo notificado tantos empleadores como número de empresas siendo ello, una alarmante cifra no solo de crecimiento en las empresas sino de incumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. En ese sentido, el presente trabajo de suficiencia profesional nos ayudará a descubrir cómo actuar frente a una actuación preventiva que, si bien es cierto, no podemos evitar ya que ello es parte del ejercicio para el cumplimiento de la normativa laboral por parte de los empleadores frente a sus trabajadores y viceversa, al menos podemos estar preparados para entender cuándo estamos frente a una actuación preventiva de oficio de la autoridad administrativa sin que ello signifique encontrarnos frente a una actuación inspectiva.