Responsabilidad del ministerio público, frente al comercio de combustible de contrabando en el Distrito de Desaguadero

Abstract

La investigación jurídica presentada, trata sobre la responsabilidad del Ministerio Público frente al delito de peligro común ocasionado por el comercio ambulatorio de combustible (gasolina y petróleo) de contrabando, proveniente de la República de Bolivia, en distrito de Desaguadero, Provincia Chucuito, Departamento de Puno. Como se evidencia públicamente, pese al gran riesgo que corren las personas circundantes a estos lugares donde se expende este producto ilegal. La indiferencia y negligencia del Ministerio Público encargada de combatir y perseguir este tipo delitos al parecer no predicen el grave riesgo que corre la población aledaña, pues, están expuestas a sufrir estragos de grandes magnitudes de producirse la explosión o incendio en cualquiera de los lugares o centros comerciales que expenden este producto. Las consecuencias serían devastadoras, dado que, en los mismos establecimientos donde se vende combustible (gasolina y petróleo) también se observa la venta de balones de gas y fósforo. Es decir, son verdaderas “bombas de tiempo”. Del trabajo de campo realizado en las instalaciones del Ministerio Público, se puede apreciar contundentemente el desconocimiento de esta ilegal venta de combustible de contrabando. Asimismo, la respuesta mayoritaria confirma que no se han realizado campañas preventivas para erradicar el almacenamiento y la venta de este producto ilegal. De acuerdo a la norma, el Ministerio Público es el representante del Estado encargado de perseguir el delito y velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin embargo, el Ministerio Público no cumple la labor específica, como es la de combatir esta ilegal venta de combustible de contrabando en el distrito de Desaguadero, Provincia de Chucuito, Departamento de Puno.