Aplicación del principio de primacía de la realidad en la determinación de la naturaleza remunerativa de los conceptos económicos percibidos en las relaciones laborales de la administración pública

Abstract

La remuneración es uno de los conceptos más importantes cuando se habla de relación laboral; sin embargo, no todos los ingresos que percibe un trabajador de la administración pública tiene esa calificación, pues la mayoría de los conceptos económicos percibidos, no son considerados como remuneración, por ende, no son base de cálculo para algunos beneficios como la compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, pensión de cesantía, entre otros. Ante esta problemática surgen las siguientes preguntas: ¿Es posible la aplicación del principio de primacía de la realidad para determinar la naturaleza remunerativa de un concepto económico?, ¿Cuáles son los criterios para determinar la naturaleza remunerativa de dichos conceptos económicos?, ¿De qué manera prima la calificación conceptual o naturaleza jurídica sobre la calificación normativa o legal?, y finalmente, ¿Cuál es el marco jurídico legal para aplicar el principio de primacía de la realidad?. El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar si es posible la aplicación del principio de primacía de la realidad para determinar la naturaleza remunerativa de los conceptos económicos percibidos por el trabajador de la administración pública, para ello, en principio, se identificó los criterios con las cuales se cuenta, para posteriormente, esbozar algunos argumentos a favor y su respectivo sustento jurídico legal. El diseño o enfoque de investigación es de corte cualitativa, recurriendo al método jurídico dogmático. El resultado de la presente investigación ha sido favorable en función de los objetivos planteados, pues se ha concluido que existen argumentos suficientes para concluir que es posible la aplicación del principio de primacía de realidad para determinar la naturaleza remunerativa de un concepto económico, de manera que un concepto económico percibido en forma permanente y regular, de libre disponibilidad del trabajador, y que sea a consecuencia de una contraprestación, independientemente de su calificación legal y régimen laboral del trabajador de la administración pública, debe considerarse como remuneración.