Los Criterios Jurídicos Empleados En La Tercera Fiscalía Provincial Penal De Cajamarca, Para Fijar La Reparación Civil En Los Delitos De Conducción De Vehículo En Estado De Ebriedad O Drogadicción. Período 2010-2012

Abstract

El presente trabajo de investigación se origina a partir de una realidad presentada en los criterios jurídicos empleados en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Distrito Judicial de Cajamarca para fijar los montos de Reparación Civil en los delitos de conducción de vehículo en estado de ebriedad o drogadicción requeridos en sus Acusaciones Directas. Para la elaboración del presente trabajo se ha realizado la revisión y análisis de las carpetas fiscales de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca que funciona en la sede del Distrito Judicial de Cajamarca entre los años 2010 a 2012, encontrando que se han emitido 53 requerimientos de Acusaciones Directas presentadas a los Juzgados penales de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. También se aplicó una entrevista a los Fiscales Provinciales y Fiscales Adjuntos, con la finalidad de determinar los criterios jurídicos para solicitar la reparación civil en los delitos de conducción de vehículo en estado de ebriedad. El 100% de los Fiscales respondieron, en primer lugar, que tanto los investigados como sus abogados esperan que se cumpla con los requisitos y presupuestos del Principio de Oportunidad, ya que al someterse a los mecanismos de simplificación de la investigación se impone montos dinerarios que no tienen motivación sólida para su cancelación por parte de los investigados. Por otro lado, todos los Fiscales Penales brindaron más de una respuesta sobre la reparación civil en los delitos de conducción de vehículo en estado de ebriedad. Luego de haber procesado la información obtenida, se ha llegado a la conclusión de que los criterios jurídicos como institución jurídica, considerados por la Tercera Fiscalía Penal de Cajamarca son la condición económica, el grado de alcohol en la sangre, el vehículo utilizado, las condiciones personales del imputado, la tabla consensuada con defensoría pública y el daño ocasionado como institución jurídica, principalmente en la restitución del bien afectado, toda vez que su aplicación no se encuentra claramente establecido en la norma legal.