Fundamentos jurídicos para establecer criterios objetivos en la determinación de la sospecha grave como presupuesto de la prisión preventiva en el Derecho Procesal Penal Peruano

Abstract

La presente investigación trata acerca de los “Fundamentos jurídicos para establecer criterios objetivos en la determinación de la sospecha grave como presupuesto de la prisión preventiva en el derecho procesal penal peruano” en relación a una serie de principios, derechos y garantías constitucionales. Así, se conformó la siguiente pregunta de investigación, atendiendo la falta de objetividad en la determinación del presupuesto de sospecha fuerte: ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para establecer criterios objetivos en la determinación de la sospecha grave como presupuesto de la prisión preventiva en el Derecho Procesal Penal peruano?

A modo de respuesta tentativa, se planteó la hipótesis de que los fundamentos jurídicos para establecer criterios objetivos en la determinación de la sospecha grave como presupuesto de la prisión preventiva en el Derecho Procesal Penal peruano, son: la observancia del principio de excepcionalidad de las medidas coercitivas; la garantía del principio-derecho de presunción de inocencia del procesado; la materialización del principio de seguridad jurídica en supuestos de limitación de derechos fundamentales; y, el respeto de la libertad ambulatoria como bien jurídico protegido en un Estado Constitucional de Derecho.

Para demostrar la hipótesis se usaron métodos genéricos y propios del Derecho: Hipotético deductivo, sintético, dogmático, hermenéutico y método argumentativo; aquello permitió al investigador concluir que los fundamentos jurídicos para fijar criterios objetivos a la sospecha grave como presupuesto de la prisión preventiva son la excepcionalidad de las medidas coercitivas, la presunción de inocencia, la seguridad jurídica al limitar derechos fundamentales y libertad ambulatoria; todos ellos analizados desde el modelo de Estado Constitucional de Derecho. Por último, en consecución de uno de los objetivos específicos se elaboró una propuesta de lege ferenda, destinada a poner fin a la incertidumbre ocasionada por la anomia acontecida sobre los criterios para determinar la sospecha grave.