Estudio de la informalidad de las micros y pequeñas empresas en la provincia de Leoncio Prado.

Abstract

El presente trabajo de investigación se realizó en el departamento de Huánuco, provincia de Leoncio Prado con sus 6 distritos, en el cual se concentraban micros y pequeñas empresas informales, los cuales fueron tomados como unidades de análisis. En el proceso del trabajo de campo, se pudo determinar como resultado de la tesis las consideraciones siguientes: Las MYP ES informales en la provincia de Leoncio Prado, se caracteriza por ser dirigidas por personas procedentes de diversas regiones de nuestro país, destacándose después de Huánuco las regiones de Junín (27%), Cusco (5.1%) y Paseo (4.8%). Y con porcentajes pocos significativos se presentan las ciudades de Ancash, Lima, Piura y San Martín. El nivel educativo de los micros y pequeños empresarios se caracterizan por tener segundaría completa e incompleta (43%), seguido de primaria (35%) y con estudios superiores (22%). A partir de esto se deduce que la gran mayoría de las MYPES trabajan empíricamente y muestran poco interés por la formalización, incluso de aquellos que cuentan con estudios superiores. En efecto, a pesar de éstos últimos el 79% desconocen el uso de comprobantes de pago de acuerdo a Ley, considerándolos como tales a las notas de venta (39%), a las proformas (31%), a las guías de remisión no autorizadas (5%) y a las notas de pedido (4%). La difusión, aplicación e implementación de los beneficios de la nueva Ley de MYPES por parte de las entidades del Gobierno son bajos en esta parte del país. Así el 96% indicaron que la municipalidad de su jurisdicción no están efectuando ningún curso de capacitación en temas de formalización. Del mismo modo, la UNAS (96%), seguido de la SUNAT (92%) y el Gobierno Regional (95%). Se ha podido contrastar que la informalidad en la provincia de Leoncio Prado se debe principalmente a los bajos niveles de inspección y control por parte de la Dirección Regional de Trabajo y la SUNAT (99%). Asimismo, se debe a los altos costos de formalización por parte de las municipalidades (51.5%) y a los costos notariales (28. 6%).