El proceso constitucional de cumplimiento frente al proceso contencioso administrativo urgente: Una nueva perspectiva para una tutela más idónea frente a las pretensiones de cumplimiento contra la administración pública

Abstract

La presente investigación tiene por objeto, establecer las dificultades en la aplicación de la normativa procesal respecto del Proceso Constitucional de Cumplimiento y proponer las modificaciones pertinentes al C.P.Const. para una tutela más efectiva. El tipo de investigación fue documental y de campo, de nivel analítico y propositivo. Se estudiaron las principales características de los Procesos Constitucionales, comparando las similitudes y diferencias entre el Proceso Constitucional de Cumplimiento y el Proceso Contencioso Administrativo Urgente. Asimismo, se analizó cien expedientes de sendos procesos a efecto de poder comparar, el tiempo de demora en la emisión de sentencia de primera instancia y, en el caso del Proceso Constitucional de Cumplimiento, poder identificar las principales causales de improcedencia. Todo esto nos llevó a identificar que, a nivel legislativo, el Proceso de Contencioso Administrativo Urgente tiene plazos ligeramente más cortos que el Proceso de Cumplimiento, ello debido a que este último utiliza la estructura procesal del Amparo ante la ausencia de uno propio. A nivel de aplicación, se encontró que existe una alta tasa de improcedencia en etapa de calificación de demanda dentro del citado proceso constitucional, siendo la principal causal aplicada, aquella contenida en el artículo 5°, inciso 2 del C.P.Const., resaltándose que, en cada resolución, se aludía al Proceso Contencioso Administrativo Urgente como vía igualmente satisfactoria. Finalmente, se determinó que en promedio el proceso ordinario supera en celeridad al proceso constitucional a pesar de lo señalado por la doctrina, por lo que se propone realizar modificaciones al C.P.Const., a efecto de mejorar la eficacia y celeridad del Proceso de Cumplimiento, ello tomando como inspiración la estructura del Proceso Único de Ejecución Civil.