Inaplicación de parámetros internacionales en materia de seguridad social y derechos humanos; y, sus implicancias en el otorgamiento de pensiones no contributivas en casos de discapacidad severa a favor de migrantes, programa nacional contigo - Perú, 2019

Abstract

De la investigación realizada, se obtuvo que resulta jurídicamente viable el otorgamiento de pensiones no contributivas a favor de migrantes en situación de discapacidad severa, en tanto que, el derecho a la seguridad social, en concreto el derecho a la pensión, constituye para el Estado peruano, un derecho humano y fundamental, tal como fue consagrado en la propia Carta Magna y en distintos Tratados Internacionales en materia de seguridad social y derechos humanos, los cuales el Perú ha ratificado; en ese sentido, y teniendo en consideración la existencia del Programa nacional denominado CONTIGO, el mismo que otorga pensiones no contributivas a favor de personas con discapacidad severa, resulta posible que el alcance de dicho Programa sea ampliado a favor de personas no nacionales, en tanto y en cuanto logren satisfacer requisitos específicos que se encuentren en armonía, principalmente, con los Convenios de la OIT y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; considerando además que en el periodo y ubicación materia de investigación, no se identifican personas de nacionalidad extranjera como beneficiarios de dicha pensión, en atención al Formato de Declaración Jurada para el Trámite de Afiliación al Programa en mención, que contempla únicamente la posibilidad de suscribirse de personas de nacionalidad peruana que cuenten con Documento Nacional de Identidad. El otorgamiento de pensiones no contributivas a favor migrantes en un estado de discapacidad severa fue tomado en cuenta toda vez que nos encontramos ante una población que posee una doble vulnerabilidad, lo cual los hace propensos a ser víctimas de múltiples vulneraciones a sus derechos humanos; el programa CONTIGO, al no considerar a personas no nacionales que residen en territorio peruano como beneficiarios, de manera expresa en su normativa, ni en la práctica, propicia una cultura de vulneración a derechos fundamentales, tales como integridad, vida digna, salud, entre otros; las cuales pueden ocasionar nefastas secuelas en este sector poblacional.