Valoración del riesgo severo y derecho de defensa del denunciado en el quinto juzgado del módulo de violencia de Huancayo, 2019

Abstract

El problema general de la presente investigación fue: ¿De qué manera la ficha de valoración de riesgo severo vulnera el derecho a la defensa del denunciado en el quinto juzgado del Módulo de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo en el año 2019?; el objetivo fue determinar si la ficha de valoración de riesgo severo influye en el derecho a la defensa del denunciado en el quinto juzgado del Módulo de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo en el año 2019. Los métodos empleados fueron: como método general el inductivo – deductivo, como método específico el explicativo y finalmente el método particular sistemático. El tipo de investigación fue básica y el nivel explicativo, con un diseño de investigación no experimental transversal de tipo explicativo. La muestra de estudio fue de 80 autos finales de casos de riesgo severo, la técnica fue la observación y el instrumento la ficha de observación. Los resultados estadísticos fueron: respecto al derecho a ser asistido por un defensor de libre elección (defensa técnica accedió a los actuados del proceso se observó que 0% si y 100% no), respecto al derecho a la notificación (notificación para citación a audiencia se observó que si 47.5% y no 52.5%) y respecto al derecho a un juicio justo (se contó con la presencia del denunciado en audiencia se observó que si 22.5% y no 77.5%). Concluyendo que la ficha de valoración de riesgo severo influye significativamente al derecho a ser asistido por un defensor de libre elección del denunciado, además afecta al derecho a la notificación del denunciado e influye en el derecho a un juicio justo del denunciado en el quinto juzgado del Módulo de Violencia de Huancayo. Se recomendó que los órganos jurisdiccionales en materia de violencia aseguren el respeto de los derechos de los sujetos procesales dentro del proceso, se propuso modificar el art. 16 del Decreto Legislativo 1386 – decreto que modifica la Ley 30364 – y finalmente se recomendó implementar normas procesales que respalden el derecho a la defensa del denunciado.