El internamiento y la hospitalización involuntaria de personas con discapacidad psicosocial en el ordenamiento jurídico peruano

Abstract

Este informe presenta un análisis a la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 476/2020 que admite la hospitalización involuntaria de una persona con discapacidad psicosocial. A partir de un análisis a la luz de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, hemos revisado la concordancia de los argumentos del Tribunal con la Convención y concluimos que existen múltiples violaciones a los derechos reconocidos en esta Convención. Estas violaciones, no solo significan la falta de reconocimiento de un derecho, sino que dado que estamos ante un colectivo de personas que se encuentra en una situación de discriminación histórica, esta violación de derechos evidencia el paradigma que aún persiste en el ordenamiento jurídico peruano y sus operadores, respecto de su reconocimiento como iguales en la sociedad. Consideramos importante este informe dado que la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad es una lucha aún vigente que requiere no solo de avances legales sino también sociales.

This essay presents an analysis of the judgment of the Plenary Session of the Constitutional Court 476/2020 of Peru that admits the involuntary hospitalization of a person with psychosocial disability. Based on analysis in light of the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities, we have reviewed the consistency of the court’s argument with the Convention and we conclude that there are multiple violations of the rights recognized here. These violations mean not only the lack of recognition of a right, but given that we are in face of a group that has suffered from historical discrimination, this violation of rights reveal the paradigm that still persists in the peruvian legal system and its operators, regarding their recognition as equals in society. We consider this report important given that the fight for the recognition of the rights of people with disabilities in equality is a still ongoing fight that requires not only legal but also social advances.