Propuesta de innovación que permite un mayor acceso a beneficios penitenciarios de personas extranjeras privadas de libertad en el Perú

Abstract

El sistema penitenciario del Perú tiene un hacinamiento del 132%, el 2% de internos corresponde a extranjeros. Para mitigar este problema, en 2014, se promulgó la Ley 30219 que crea y regula el Beneficio Especial de Salida para Extranjeros. La ley 30219 establece tres requisitos básicos: que la sentencia no sea mayor a siete años, haber cumplido la tercera parte de la condena y cancelar o estar exonerado del pago de la reparación civil. De estos, el más difícil es cancelar la multa por reparación civil u obtener su exoneración. Lamentablemente, la mayoría de jueces niegan el derecho de la exoneración y la Ley se convierte en inejecutable. En consecuencia, el problema de este proyecto de innovación son las dificultades de acceso de los extranjeros privados de libertad a la Ley 30219, por lo que es necesario incorporar nuevas iniciativas a fin de que el propósito de disminuir el hacinamiento carcelario, planteado por las autoridades, se convierta en un objetivo factible. El 97% de extranjeros están condenados por Tráfico Ilícito de Drogas, TID. La mayoría son captados por organizaciones de crimen internacional, provienen de un estrato socioeconómico bajo y poseen niveles de escolaridad apenas elementales. Condiciones que limitan sus posibilidades de pago. Adicionalmente, al estar en un país distinto al de su origen, no cuentan con recursos que les permita contratar un abogado que los defienda y el hecho de estar recluidos en penales fuera de Lima les dificulta recibir asistencia de sus respectivas representaciones consulares. Frente a este conjunto de dificultades se plantean tres propuestas de innovación, que por un lado contribuyan a descongestionar el sistema penitenciario del país y por otro permita a los internos extranjeros que cumplen con los requisitos acceder al beneficio de la Ley 30219. Las iniciativas de innovación que se plantea están orientadas a ofrecer a los internos alternativas de generación de ingresos, garantizar el acceso a la justicia y defensa pública gratuita y propiciar un acercamiento entre el interno extranjero y su representación consular.