Informe Jurídico sobre la Resolución N° 1977-2023/SPCINDECOPI

Abstract

La inocuidad alimentaria es fundamental para proteger la salud de las personas. Sin embargo, en el año 2019, la Asociación Peruana de Consumidores realizó una denuncia contra Mayorsa, dado que esta empresa se encontraba comercializando alimentos enlatados con golpes y/o abolladuras en ocho de sus establecimientos “Mayorsa y Maxi Ahorro”. Ante esto, el presente informe tiene como objetivo analizar la Resolución 1977-2023 de la Sala Especializada de Protección al Consumidor para evaluar si Mayorsa vulneró su deber de inocuidad como proveedor al vender estos productos. Para ello, se determinará mediante evidencia científica si los alimentos enlatados con estos defectos representan un riesgo para la salud. Además, se examinará el marco normativo aplicable, las obligaciones de Mayorsa en cuanto a la inocuidad alimentaria y la competencia entre la Digesa y el Indecopi en este ámbito. Con estos elementos, se determinará si Mayorsa cumplió con las obligaciones establecidas en la Ley de Inocuidad de los Alimentos y si las medidas correctivas dictadas por la Sala fueron adecuadas. En conclusión, debido a la posible afectación directa en la salud de los consumidores, es esencial que el análisis de la Sala tome en consideración el marco normativo de esta materia para asegurar que en futuras denuncias no solo se aborde el concepto de la inocuidad alimentaria, sino también las obligaciones mínimas que todos los proveedores deben de cumplir al comercializar alimentos enlatados.

Food safety is essential to protect people's health. However, in 2019, the Peruvian Association of Consumers filed a complaint against Mayorsa, given that this company was selling canned food with bumps and dents in eight of its establishments “Mayorsa and Maxi Ahorro“. In view of this, this report aims to analyze the Resolution 1977-2023 of the Specialized Consumer Protection Court to evaluate whether Mayorsa violated its duty of innocuousness as a supplier by selling these products. To do this, scientific evidence will be used to determine whether canned foods with these defects represent a health risk. In addition, the applicable regulatory framework, Mayorsa's food safety obligations and the competition between Digesa and Indecopi in this area will be examined. With these elements, it will be determined whether Mayorsa complied with the obligations established in the Food Safety Law and if the corrective measures ordered by the Chamber were adequate. In conclusion, due to the possible direct impact on consumers health, it’s crucial that the Chamber’s analysis takes into consideration the regulatory framework of this matter to ensure that future complaints not only address the concept of food safety, but also the minimum obligations that all suppliers must comply when selling canned foods.