La implementación del derecho a defender los derechos humanos de los defensores de comunidades indígenas en el derecho interno peruano, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el periodo 2011 al 2021

Abstract

El presente trabajo tiene por objetivo general, determinar de qué manera el Derecho Interno Peruano ha implementado el derecho a defender los derechos humanos de los defensores de comunidades indígenas, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el periodo 2011-2021. Respecto a la recolección de información se utilizaron herramientas digitales como repositorios bibliográficos de carácter internacional, nacional y local, de los cuales se recopilaron tesis, solicitudes de acceso a la información, jurisprudencia, libros digitales y otros ; así como el análisis jurisprudencial de, catorce (14) sentencias en total, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y la realización de entrevistas a cinco (05) especialistas en Derechos Humanos y/o Derecho Constitucional y/o Derecho Ambiental; teniendo como conclusión principal y en contraste con la hipótesis de la presente tesis; esto es, se ha logrado determinar que, el Derecho Interno Peruano no ha implementado integralmente el derecho a defender los derechos humanos de los defensores de comunidades indígenas, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el periodo 2011-2021, debido a que, si bien existen medidas implementadas a la fecha como lo son el “Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos”, el “Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021” y el “Registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos”; sin embargo, a pesar del paso del tiempo, estas aún no responden al contenido esencial del derecho a defender los derechos humanos en el contexto de los defensores de las comunidades indígenas, pues se omiten medidas como las de brindar protección en los casos de procesamientos y, en ocasiones, de condenas de los defensores de los pueblos indígenas por conductas legalmente permitidas, al tacharlos como “terroristas” o “ actos ilícitos”; así mismo, debe prevenir y contrarrestar los pensamientos de estigmatización y prejuicios en la fundamentación de las sentencias de los tribunales nacionales respecto de la labor de los defensores de comunidades indígenas; de igual forma, debe evitar la restricción de los derechos políticos de los defensores de comunidades indígenas pues afecta a quienes representa; por último, no han tomado medidas antes las propias particularidades o características económicas y sociales de estos defensores, así como ante las circunstancias de peligro y vulnerabilidad en las que se ven expuestos.