Identificación de los instrumentos normativos y políticos en materia anticorrupción que se han debido implementar en el Perú a partir del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

Abstract

RESUMEN En este estudio, se ha examinado la incidencia que ha tenido la emisión de los informes realizados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a consecuencia de los 20 años de conflicto armado que vivió nuestro país, para la instauración de instrumentos normativos en el Perú.

En ese contexto, se ha tratado de determinar la importancia que reviste la verdad como medio de reparación de delitos contra la humanidad y en qué medida puede ser considerado como un derecho inherente a la humanidad, asimismo la trascendencia de la instauración de Comisiones constituidas con terceros civiles imparciales que busquen encontrar la verdad histórica de hechos traumáticos vividos en un país.

En el segundo capítulo, se ha buscado elaborar una delimitación histórica, buscando identificar las principales características del actuar cada uno de los integrantes del conflicto armado, logrando así posicionarnos en un análisis objetivo de las consecuencias que trajo consigo el conflicto armado interno vivido en nuestro país..

En el tercer capítulo, se abordó el desarrollo del derecho humanitario internacional a lo largo del tiempo y la importancia que tiene de que un Gobierno salvaguarde la no transgresión de los derechos inherentes al hombre. Asimismo analizamos, la contextualización del desarrollo gubernamental en esta materia durante los 20 años de conflicto analizado, principalmente la deformación democrática que conllevó la transgresión de gran número de derechos humanos en el gobierno de factor del Ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori.

En el cuarto capítulo, se buscó analizar las jurisprudencias que la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en referencia a la delimitación de responsabilidad de sujetos activos, ya sean autores civiles o cúpulas de poder Gubernamental, en materia de delitos que transgreden derechos inherentes a la persona humana. Encontrando así un denominador común en la corriente jurisprudencial de fueros internacionales y la necesidad del derecho a la verdad para la reparación de delitos contra la humanidad.

Los cuatro capítulos fueron confrontados con la experiencia laboral y doctrinaria de tres representantes de la Corte Superior de Justicia, Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, respectivamente, asimismo de un representante del Colegio de Abogados y dos Catedráticos especializados en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional, todos ellos de la región La Libertad , pudiéndose contrastar de manera considerable lo que comprendió el estudio y análisis del contexto histórico del Conflicto estudiado y la repercusión de los informes emitidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Tras todo este ínter transcurrido se pudo arribar a la conclusión de que el Estado peruano solo instauró instrumento normativo de naturaleza penal y procesal penal, tales como el Nuevo Código procesal Penal y la reestructuración del Título XVIII del Código Penal que tipifica los delitos contra la administración pública, basado en las Recomendaciones presentes en los Informes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, evidencia de ello es que cada recomendación referente al desarrollo de instrumentos normativos de carácter constitucional y administrativa tienen vigencia hasta el día de hoy, demostrando que aún persisten las falencias democráticas que se esperaban solucionar, que fueron detonantes y se evidenciaron en el conflicto armado interno en el Perú, asimismo que se instauraron variados instrumentos normativos que generaron un grado de reestructuración del Estado en pro de la democracia, sin embargo no tuvieron como cimientos a las recomendaciones vertidas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, sino la presión internacional que fue mucho más evidente producto del desarrollo vertiginoso de la globalización en los inicios del siglo XXI y las corrientes doctrinarias que se arraigaron en el Perú, de igual manera que la Comisión de la Verdad y Reconciliación tuvo como principal logro una correcta función investigadora que permitió recopilar indicios y medios probatorios que fueron usados para la investigación y posterior procesamiento de los responsables de la comisión de delitos relacionados con el conflicto armado interno vivido en el Perú, tales como desapariciones forzadas, asesinatos, violaciones, lesiones graves, crímenes de lesa humanidad y crímenes de genocidio y finalmente que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, logró evaluar el debido proceso en los juzgamientos realizados durante las XX décadas de Conflicto experimentado. Permitiendo así que los ciudadanos sentenciados o recluidos arbitrariamente sean reevaluados en su grado de participación en delitos.

ABSTRACT In this study, we examined the impact it has had the issuance of reports by the Commission of Truth and Reconciliation, as a result of 20 years of armed conflict in our country, for the establishment of policy instruments in Peru.

In this context, it has sought to determine the importance of truth as a means of redress of crimes against humanity and to what extent can be considered as an inherent right of humanity, also the importance of the establishment of committees constituted with third impartial civil seeking to find the historical truth of traumatic events experienced in a country.

In the second chapter, it has sought to develop a historical demarcation, seeking to identify the main features of the act every one of the members of the armed conflict, achieving position ourselves in an objective analysis of the consequences brought about by the internal armed conflict experienced in our country.

In the third chapter, the development of international humanitarian law over time and the importance of a government that safeguards the non-infringement of the rights inherent in man addressed. Also analyzed, contextualization of government development in this area during the 20 years of conflict analyzed, mainly democratic deformation which led to the violation of many human rights factor in the government of former President Alberto Fujimori Fujimori.

In the fourth chapter, we sought to analyze the jurisprudence of the International Criminal Court and the Inter-American Court of Human Rights, referring to the delimitation of responsibility for active subjects, whether civil authors or domes of governmental power, on crimes that transgress inherent rights of the human person. thus finding a common denominator in the case-law of international charters and the need for the right to truth for the repair of crimes against humanity.

The four chapters were confronted with labor and doctrinaire experience of three representatives of the Superior Court of Justice, Attorney General, the Ombudsman, respectively, also a representative of the Bar Association and two professors specialized in Political Science and Constitutional Law, all the region of La Libertad, being able to contrast considerably which included the study and analysis of the historical context of the conflict studied and the impact of the reports issued by the Commission of Truth and Reconciliation.

After all this inter elapsed it could arrive at the conclusion that the Peruvian State only established normative instrument of criminal and procedural criminal, such as the new Criminal Procedure Code and the restructuring of Title XVIII of the Criminal Code criminalizes offenses against the administration public, based on these Recommendations in the reports of the Commission of Truth and Reconciliation, evidence of this is that each

recommendation concerning the development of policy instruments of constitutional and administrative nature are valid until today, showing that still persist democratic shortcomings that were expected to solve, that were detonators and evidenced in the internal armed conflict in Peru also that various regulatory instruments generated a degree of restructuring of state for democracy were established, however did not have as foundation to the recommendations expressed by the Commission of Truth and Reconciliation, but international pressure that was much more obvious product of rapid development of globalization in the early twenty-first century and doctrinal currents that took root in Peru, just as the Commission of Truth and Reconciliation had as its main achievement proper investigative function that allowed collect evidence and standards of proof that were used for the investigation and subsequent prosecution of those responsible for the commission of offenses related to the armed conflict lived in Peru, such including enforced disappearances, killings, rape, serious injury, crimes against humanity and crimes of genocide and finally that the Commission of Truth and Reconciliation, managed to evaluate the due process in the judgments made during the twentieth experienced decades of conflict. Thus allowing citizens sentenced or detained arbitrarily be reevaluated in their degree of involvement in crimes.