¿El fin justifica los medios?: La constitucionalidad de la obligación de brindar información a la Unidad de Inteligencia Financiera frente al derecho-deber del secreto profesional del abogado

Abstract

La tesis propone analizar la constitucionalidad de la obligación del abogado de brindar información ante la sospecha de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte de algún cliente real o potencial, a la luz del secreto profesional del abogado. Para lo cual, se ha planteado dos objetivos: delimitar el contenido constitucionalmente protegido del derecho-deber del secreto profesional del abogado; y, a partir de ello, determinar si la obligación del abogado de brindar información, como se encuentra regulada en el ordenamiento peruano, se condice con dicho contenido. El interés por este tema surge a partir de la recomendación N° 22 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que establece al abogado como sujeto obligado a brindar información a la Unidad de Inteligencia Financiera ante la sospecha de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte de algún cliente real o potencial. Esta recomendación ha sido adoptada por nuestro país a través del Decreto Legislativo N° 1249 publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de noviembre de 2016. La investigación se desarrolla con una metodología descriptiva-analítica, pues se revisó la legislación aplicable, jurisprudencia nacional e internacional más relevante sobre la materia, así como las diferentes posturas de la doctrina para obtener una visión completa del tema y poder llegar a una solución realmente aplicable a la problemática bajo estudio. La forma como se ha ordenado el estudio permite conocer los alcances de la obligación del abogado de informar ante la sospecha de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y definir el contenido del derecho-deber al secreto profesional del abogado para responder a la cuestión planteada. Teniendo en cuenta que, la presente investigación se basa en el análisis de la figura del abogado, sin llegar a entrar al tema del compliance. Asimismo, se analiza el caso más resaltante del derecho comparado sobre la materia con motivo de comprender cómo opera esta obligación en este ordenamiento jurídico y del estudio de ese panorama internacional poder adquirir un mejor criterio para proponer una solución acorde a la realidad del contexto peruano. Finalmente, entre las conclusiones se menciona que el Estado tiene la obligación de utilizar otros métodos de investigación para detectar la realización de actos de lavado de activos o financiamiento de terrorismo en el país y así prevenir que se ejecuten; por lo que, no debe centrarse solo en la imposición de obligaciones de comunicación de operaciones sospechosas por parte de los abogados. Es decir, no debe esperar simplemente a que le alcancen la información para poder actuar o de lo contrario sancionar cuando advierta que no le entregaron información de operaciones sospechosas.