Calidad de sentencias de primera y segunda instancia sobre el delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad en el expediente N°00065-2016-28-0504-JR-PE-04; del distrito judicial de Ayacucho-Huanta. 2021

Abstract

La administración de justicia es uno de los servicios que el Estado brinda a la sociedad que representa; por lo tanto, es un componente del orden jurídico social que causa impacto en los usuarios y resulta ser un elemento de interés para los terceros. En el presente estudio, se tiene como principal fuente de información un proceso judicial documentado en un expediente, y de aquel las sentencias fueron tomados como objeto de estudio. Asimismo, a efectos de conocer el contexto del cual surgió el planteamiento del problema, a continuación, se revelan algunos hallazgos: Según Pásara (2017), en los últimos años se observa, niveles de desconfianza social y debilidad institucional de la administración de justicia, alejamiento de la población del sistema, altos índices de corrupción y una relación directa entre la justicia y poder, que son negativos. Gálvez .Rabanal y Castrismo (2013), Afirma: El nuevo código procesal penal constituye un instrumento jurídico valioso que ya está revolucionando la administración de justicia penal en los lugares en los que está en vigencia. Pues, como es de dominio público, ha implementado un sistema procesal penal acusatorio garantista, en el que se separa debidamente la función persecutoria y de investigación del delito, la que queda a cargo del Ministerio Público (los fiscales) de la función de juzgamiento o jurisdiccional a cargo del Poder Judicial (Jueces en general). Asimismo, establece las más amplias garantías para las partes sujetas al proceso penal, de tal suerte que al final del proceso se logren resultados óptimos desde la perspectiva jurídica así como en términos de la resolución del conflicto sometido al proceso, propendiéndose de este modo al logro de los fines del derecho: La paz social, con miras al bienestar general. 7 Tovar, (2010) investiga que: La Administración de Justicia más que una institución del estado encargada de resolver conflictos e incertidumbres de relevancia jurídica es un servicio fundamental del estado de hacer justicia, garantizando la vigencia y el respeto de los derechos ciudadanos al margen de consideraciones tanto de índole ideológicas, políticas, sociales, económicas, geográficas, culturales o religiosas. Para el cumplimiento de tales fines encomendados a la Administración de Justicia es necesario que se sirva de técnicas y procedimientos acordes con la realidad, pero un diagnostico general nos muestra que estamos todavía muy lejos de lograr una Administración de Justicia oportuna, eficiente, asequible y transparente. Todo esto deviene por la profunda crisis que viene atravesando el poder judicial y que no puede ser superada porque no hay una verdadera política seria para la solución de los principales problemas que la aquejan. Este poder del estado ya no puede seguir siendo maltratado y abandonado a la deriva, sin suficientes recursos y sin que se salga al frente de las duras críticas, es hora de observar la verdadera realidad del Poder Judicial y mostrar los logros que la reforma se ha propuesto, la reforma al interior de Poder Judicial está en marcha, no puede detenerse y su objetivo es la modernización de la administración de justicia. A lo largo de nuestra historia se intentaron numerosas reformas, pero nunca correspondieron a la complejidad del problema diagnosticado en el Poder Judicial, solo se centraron en dos puntos, primero en la remoción de magistrados, y segundo en cambios legales que se restringían a acelerar los procesos. Ahora con la experiencia de nuestro pasado, se busca una reforma integral que abarque todos los aspectos.