El uso del idioma propio en el ámbito público: El caso Díaz Cáceres de Tinoco

Abstract

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de la sentencia recaída en el Expediente N° 00889-2017-PA/TC, el cual declara fundada la demanda de amparo seguida por la señora María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco contra la Municipalidad Provincial de Carhuaz, por la vulneración de los derechos fundamentales de la igualdad y no discriminación de las personas quechuahablantes; asimismo, se declara como estado de cosas inconstitucional la ausencia de disposiciones para que el Estado se comunique formalmente en las lenguas originarias como lo exige la Constitución Política del Perú. Para demarcar y amplificar las bases conceptuales, se consultaron artículos, fuentes bibliográficas, jurisprudencia, entre otros; los cuales brindaron una mayor información sobre los procesos constitucionales y el estado de cosa inconstitucional. Asimismo, se han analizado disposiciones de nuestra Constitución Peruana y demás normativas que abordan los derechos fundamentales. Del análisis desarrollado, se evidenció que el uso de las lenguas originarias, como el quechua, es una obligación fundamental para las entidades públicas, las mismas que deben implementar políticas públicas y acciones concretas, que permitan la participación de la población quechuahablante. En ese sentido, consideramos que el Estado debe garantizar una protección más amplia a la diversidad lingüística, pues nuestro país posee 48 lenguas indígenas, siendo así el quechua el cual se habla en casi todo el país, siendo la lengua ancestral más amplia de América.

The present work aims to carry out an analysis of the judgment relapsed in File No. 00889-2017-PA/TC, which declares well founded the demand for amparo followed by Mrs. María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco against the Provincial Municipality of Carhuaz, for the violation of the fundamental rights of equality and non-discrimination of Quechua-speaking people; likewise, the absence of provisions for the State to formally communicate in the original languages as required by the Political Constitution of Peru is declared as an unconstitutional state of affairs. To demarcate and amplify the conceptual bases, articles, bibliographic sources, jurisprudence, among others were consulted; which provided more information about the constitutional processes and the state of unconstitutional affairs. Likewise, provisions of our Peruvian Constitution and other regulations that address fundamental rights have been analyzed. From the analysis developed, it was evidenced that the use of native languages, such as Quechua, is a fundamental obligation for public entities, which must implement public policies and concrete actions that allow the participation of the Quechua-speaking population. In that sense, we consider that the State must guarantee a broader protection of linguistic diversity, since our country has 48 indigenous languages, thus being the Quechua which is spoken in almost the entire country, being the widest ancestral language in America.