Amparo y Recurso de Agravio Constitucional frente a un PAS sin agotar la vía previa administrativa

Abstract

El presente trabajo analiza una acción de amparo y de recurso de agravio constitucional, en adelante RAC, contra el Proceso Administrativo Sancionador, en adelante PAS, con la exoneración del agotamiento de la vía previa administrativa previsto en el CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL. En ese sentido, en el presente caso, la Municipalidad Metropolitana de Lima, en adelante MML, inicia un proceso administrativo sancionador contra “Trastiendas Integradas S.A.C” debido a que no cuenta con el Estudio de Impacto Vial, en adelante EIV correspondiente. De esta manera, la MML mediante resolución administrativa interpone una multa y ordena la paralización de la obra. Así pues, el demandante interpone una acción de amparo contra la MML solicitando la nulidad del PAS que establece la multa y ordena la paralización de la obra. A su vez, en primera instancia, el quinto Juzgado Constitucional declaró fundada la demanda debido a que el Centro comercial no se encuentra ubicado frente a la Av. Pedro Miotta, sino frente a la Av. Los Lirios, la cual es una Avenida local. En consecuencia, se declaró nulo el PAS iniciado por la MML. En su momento, en segunda instancia, la Segunda Sala Civil, declaró infundada la demanda, considerando que las acciones de la MML van de acuerdo al ordenamiento jurídico, ya que, según el texto de la certificación notarial, consta que el frente de ese inmueble es la carretera Atocongo vía metropolitana) por lo que era necesario el EIV. Finalmente, se presenta un recurso de agravio constitucional contra la resolución de la segunda sala civil ante el Tribunal Constitucional, en adelante TC. Así, el tema de investigación es, si es viable la acción de amparo o si existe una vía igualmente satisfactoria que proteja los derechos amenazados. Para ello, se consultó diversos tipos de fuentes como la biblioteca UPC , UPC SCOPUS, SCIELO, EBSCO HOST. Finalmente, los autores llegamos a la conclusión de que la acción de amparo es el recurso idóneo para el presente caso, debido al riesgo, amenaza y vulneración de derechos constitucionalmente protegidos que se verían afectados en el proceso contencioso administrativo.

This work analyzes the amparo action and the constitutional grievance appeal against the administrative sanctioning process (PAS), with the exoneration of the exhaustion of the prior administrative route provided for in the constitutional procedural code. In this sense, in the present case, the Metropolitan Municipality of Lima ( MML) initiates an administrative sanctioning process against “ Trastiendas Integradas S.A.C '' because it does not have the required Road Impact Study ( EIV). In this way, the MML, through an administrative resolution, files a fine and orders the stoppage of the work. Thus, the plaintiff files an amparo action against the MML requesting the annulment of the PAS where the fine and stoppage of the work is established. In turn, the fifth Constitutional Court declared the claim founded because the shopping center is not located in front of Pedro Miotta Avenue, but in front of Los Lirios Avenue, which is a local Avenue, consequently, the PAS initiated by the MML was declared void. At the time. The second civil chamber declared the claim unfounded, considering that the actions of the MML are in accordance with the legal system, since according to the text of the notarial certification, it appears that the front of that property is the Atocongo highway (metropolitan route) so the EIV was necessary. Finally, a constitutional appeal is filed against the resolution of the second civil chamber. Thus, the topic of investigation is whether the amparo action is viable or if there is an equally satisfactory way to protect the threatened rights. To do this, various types of sources were consulted such as the UPC library, UPC SCOPUS, SCIELO, EBSCOHOST. Finally, the authors reached the conclusion that the amparo action is the ideal remedy for the present case, due to the risk, threat and violation of constitutionally protected rights that would be affected in the administrative litigation process.