La Inseguridad Jurídica de las aseguradoras frente a los lineamientos del Precedente Vinculante N°05134-2022-PA/TC JUNÍN

Abstract

El derecho a la pensión, se encuentra reconocido como derecho fundamental y constitucional, según el artículo 11 de la Constitución Política del Perú y la diversa jurisprudencia que se maneja en la materia. Este derecho puede ser dilucidado mediante el proceso de Acción de Amparo, solo en casos excepcionales, como lo son; cuando el asegurado cuenta con un grave estado de salud o una edad muy avanzada. Ello, por el carácter de urgencia del Amparo; y con el fin de evitar consecuencias irreparables. Ahora bien, la presente investigación postula como objetivo principal analizar el overruling realizado por el Tribunal constitucional al emitir nuevos los lineamientos establecidos en el precedente vinculante recaído en la Sentencia 313/2023 del Exp N°05134-2022-PA/TC-JUNÍN-OSORES DÁVILA, y ellos, podrían generar inseguridad jurídica a las aseguradoras y la ONP, si dichas entidades no les hacen frente. En el primer capítulo, enmarcamos el resumen del expediente, así como las reglas sustanciales respecto a las evaluaciones médicas, certificados e informes médicos y las entidades acreditadas para tales casos. En el segundo capítulo, nos centramos en describir las bases conceptuales más importantes empleadas en la Sentencia. Finalmente, en el tercer capítulo, buscamos comprobar la ineficiencia de las Comisiones Médicas Calificadoras de Incapacidad tanto del MINSA y como de EsSalud, debido a que, como desarrollaremos en dicho capítulo, ninguna de dichas entidades contaría con CMCI adecuadas para determinar el grado de menoscabo; y mucho menos de expedir los certificados que corroboren la incapacidad por enfermedades profesionales o accidentes laborales.

The right to a pension is recognized as a fundamental and constitutional right, according to article 11 of the Political Constitution of Peru and the diverse jurisprudence that deals with the matter. This right can be elucidated through the Amparo Action process, only in exceptional cases, such as; when the insured has a serious state of health or is very old. This, due to the urgent nature of the Amparo; and in order to avoid irreparable consequences. Now, the main objective of this investigation is to analyze the overruling carried out by the Constitutional Court when issuing new guidelines established in the binding precedent issued in Sentence 313/2023 of Exp N°05134-2022-PA/TC-JUNÍN-OSORES DÁVILA, and they, could generate legal uncertainty for insurers and the ONP, if these entities do not confront them. In the first chapter, we frame the summary of the file, as well as the substantial rules regarding medical evaluations, medical certificates and reports and the accredited entities for such cases. In the second chapter, we focus on describing the most important conceptual bases used in the Judgment. Finally, in the third chapter, we seek to verify the inefficiency of the Disability Qualifying Medical Commissions of both the MINSA and EsSalud, because, as we will develop in said chapter, none of said entities would have adequate CMCI to determine the degree of impairment and much less to issue certificates that corroborate disability due to occupational diseases or work accidents.