Expediente judicial No. 227-2015 (2883-2016-PA/TC) y caso arbitral No. I283-2019

Abstract

Este trabajo de suficiencia profesional busca realizar un resumen y análisis de un (1) proceso judicial de amparo contra expropiación, culminado en el Tribunal Constitucional; y un (1) arbitraje de contratación pública, debidamente laudado. Todo ello, con el objeto de obtener el título profesional de Abogado. Así, este documento cuenta con dos (2) partes:

La primea de ellas está referido al resumen y análisis del expediente público antes mencionado, mediante el cual Sociedad Agrícola San Agustín (en lo sucesivo, “SASA”) inició un proceso constitucional de amparo contra una indebida expropiación suscitada en la década de 1970, contra el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante, “Ministerio”) y, en calidad de litisconsorte necesario pasivo, la empresa Inmobiliaria Koricancha S.A. (en adelante, “Koricancha”).

Este proceso de amparo culminó con una Sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional (STC No. 2883-2016-PA/TC), que estimó la demanda, declarándola fundada.

La segunda parte contiene el resumen y análisis del expediente privado que versa sobre un arbitraje iniciado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (en adelante, “MTC” o “Entidad”) contra la empresa Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, “TDP”), en donde se cuestionó la resolución parcial del Contrato No. 8-2015-MTC/10 (en adelante, el “Contrato”) que, a decir de la Entidad, debía ser declarada nula o ineficaz, pues el referido contrato no permitiría la figura de la subcontratación.

En este arbitraje, TDP acumuló pretensiones reconvencionales en donde exigió el pago de cuatro (4) de los seis (6) mantenimientos preventivos realizados por sus subcontratistas como parte de las prestaciones accesorias del Contrato.

A través de Laudo Arbitral de Derecho, el Tribunal Arbitral declaró infundada la demanda interpuesta por el MTC y, por su parte, fundadas las pretensiones acumuladas reconvencionalmente por TDP, ordenándole a la Entidad el pago a favor de la empresa de los cuatro (4) mantenimientos preventivos ejecutados por sus subcontratistas, pues la subcontratación nunca estuvo prohibida expresamente y, por la doctrina de los actos propios, en realidad, tal figura fue permitida por ambas partes.