La autonomía del delito de lavado de activos y su afectación al principio de imputación necesaria, inmerso en el derecho a la defensa

Abstract

Como manera de entrar en este punto relevante que es la autonomía del delito de lavado de activos y su vulneración al derecho a la defensa, principalmente en su arista de informar correcta y detalladamente de los cargos que se le imputan a una persona, traducida esta como el principio de imputación necesaria. El principio de Imputación necesaria es un principio constitucional del derecho penal que consiste en una imputación correctamente formulada Esto es, una atribución clara, precisa, explícita, detallada y circunstanciada de una comunicación con apariencia delictiva concretamente individualizado, a una persona determinada, con un nivel de vinculación ciertamente probable; a efectos de que esta tenga la posibilidad de ejercitar eficazmente su derecho de defensa. (MONTERO CRUZ, 2014). El principio de imputación necesaria implica la referencia obligatoria al derecho de defensa, siendo esta la manera que el imputado obtiene tutela, como forma de un debido proceso y teniendo las debidas garantías constitucionales, a través de una buena defensa, la que ayudará a repeler ciertas agresiones sustantivas dentro de un proceso penal; estas agresiones ponen en cuestión y en peligro sus propios bienes jurídicos, entre ellos la libertad. Ahora bien, respecto a las garantías procesales que protegen al imputado, podemos afirmar que, el lado garantista no ha sido en lo absoluto considerado en la política criminal nacional, la dogmática penal no puede ser cómplice de este exceso punitivista por lo que el análisis jurídicodogmático de la regulación penal debe procurar adaptar los tipos penales a las exigencias que imponen los criterios de imputación penal actualmente admitidos. (GARCIA CAVERO, 2015). Entonces, debemos determinar una correcta aplicación de la norma, que no vulnere los principios constitucionales y supranacionales reconocidos, pero al mismo tiempo no sea un entrampamiento y se siga vulnerando derechos, debido a la dificultad probatoria que existe para determinar la configuración de este delito, y así la política-criminal establecida se desarrolle correctamente y se pueda alcanzar sus objetivos planteados.

As a way to enter into this relevant point which is the autonomy of the crime of money laundering and its violation of the right to defense, mainly in its right to inform correctly and in detail of the charges that are imputed to a person, translated this as the necessary imputation principle. The principle of necessary imputation is a constitutional principle of criminal law that consists of a correctly formulated imputation that is, a clear, precise, explicit, detailed and detailed attribution of a communication with a specific individualized criminal appearance, to a determined person, with a level of certainly positive linkage; so that it has the possibility to effectively exercise its right of defense. (MONTERO CRUZ, 2014). The necessary imputation principle implies the mandatory reference to the right of defense, this being the way that the defendant obtains guardianship, as a form of due process and having due constitutional guarantees, through a good defense, which will help repel certain substantive attacks within a criminal process; These aggressions call into question and endanger their own legal rights, including freedom. Now, regarding the procedural guarantees that protect the accused, we can say that, the guarantee side has not been at all considered in the national criminal policy, criminal dogmatics can not be an accomplice of this punitive excess so the legal analysis -dogmatic of criminal regulation must seek to adapt the criminal types to the requirements imposed by the criminal imputation criteria currently admitted. (GARCIA CAVERO, ECONOMIC CRIMINAL LAW, SPECIAL PART, 2015). Then, we must determine a correct application of the norm, that does not violate the recognized constitutional and supranational principles, but at the same time is not a trapping and continues to violate rights, due to the evidentiary difficulty that exists to determine the configuration of this crime, and thus the established criminal-policy is developed correctly and its stated objectives can be achieved.