El articulo 130 inciso 7 del código procesal civil y la vulneración al derecho fundamental de igualdad ante la ley prescrito en el artículo 2 inciso 2 de la constitución política vigente

Abstract

La presente investigación aborda una problemática que a simple vista quizá pueda pasar desapercibida; pues, para muchos especialistas en materia procesal, el requisito contenido en el inciso 7 del artículo 130 del Código Procesal Civil; es decir, el referido a que los escritos deban redactarse en Castellano; salvo que el Juez o la ley autoricen el uso del “quechua y aimara”, es una regla procesal más de la que existen y que se refieren a los requisitos de los actos procesales. Sin embargo, en el presente y sencillo trabajo de investigación, nosotros hemos tratado de explicar que esta regla resulta absolutamente atentatoria contra el Derecho a la igualdad ante la ley; específicamente, nosotros afirmamos que esta regla contiene una norma discriminatoria por razón del idioma; pues, en un país de diversidad étnica y lingüística, no se puede admitir la razón de una regla como la antes mencionada en el primer párrafo. Por tal razón es que después de una profunda revisión de diversos autores, jurisprudencia y normas constitucionales y convencionales, llegamos a la concusión que esta norma es frontalmente inconstitucional

This research addresses a problem that at first glance may go unnoticed; Therefore, for many specialists in procedural matters, the requirement contained in subsection 7 of article 130 of the Civil Procedure Code; that is, the one referred to that the writings must be written in Spanish; Unless the Judge or the law authorizes the use of ““Quechua and Aymara““, it is one more procedural rule than the one that exists and that refers to the requirements of the procedural acts. However, in the present and simple research work, we have tried to explain that this rule is absolutely an attempt against the Right to equality before the law; specifically, we affirm that this rule contains a discriminatory norm on the grounds of language; therefore, in a country of ethnic and linguistic diversity, the reason for a rule such as the one mentioned in the first paragraph cannot be admitted. For this reason it is that after a thorough review of various authors, jurisprudence and constitutional and conventional norms, we come to the conclusion that this norm is totally unconstitutional.