El Ius puniendi del estado sobre empleados públicos, el régimen sancionador de la contraloría general de la república versus el régimen disciplinario de la ley servir

Abstract

El régimen disciplinario de un Estado, como lo señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE en su informe de integridad al Estado peruano, constituye uno de los pilares de una política de integridad; necesario para combatir la corrupción y generar confianza en la población respecto a sus instituciones y autoridades públicas. Informe que observa las incoherencias dentro de sistema disciplinario peruano, que, por recomendación de dicho órgano, y con el fin de reducir la impunidad y proteger los derechos de los acusados, deberá considerar avanzar hacia un régimen disciplinario administrativo con un único inventario de infracciones y sanciones correspondientes y una delimitación más clara de jurisdicciones y responsabilidades. La facultad sancionadora otorgada a la Contraloría General de la Republica por el Congreso de la República en el año 2011 para sancionar a empleados públicos por faltas graves y muy graves, pareció y parece ser una alternativa ante un aparato burocrático estancando en cuyo seno la actividad disciplinaria se ve entorpecida y a veces socapada, empero de otro lado encontramos a los empleados públicos cuya tutela de derechos fundamentales se ve vulnerada. La atomización normativa en la materia ha dado pie a la existencia de dos regímenes sancionadores paralelos, una aparente doble competencia para conocer y sancionar faltas graves y muy graves, poniendo al empleado público infractor en banquillo de los acusados ante dos posibles victimarios (El Régimen Disciplinario de la Ley del Servicio Civil y el Régimen Sancionador de la Contraloría General de la Republica por Responsabilidad Administrativa Funcional), uno más fuerte que el otro, llegando incluso a ser devorado por ambos. La motivación del presente trabajo es tratar de hacer un acercamiento conceptual de una rama del derecho históricamente relegada y con enorme importancia en la superestructura y funcionamiento del Estado, que sería el derecho disciplinario y la función pública, enmarcado en una aparente superposición de ordenamientos, buscando analizar su pertinencia dentro del Estado Constitucional de Derecho y los principios básicos del Ius Puniendi del Estado.