El posicionamiento del tribunal constitucional del Perú a través de la emisión de sentencias y precedentes vinculantes sobre el poder judicial desde el año 2005 al 2018

Abstract

En el presente trabajo se analizan sentencias y precedentes vinculantes emitidos por el Tribunal Constitucional desde el año 2005 al 2018, en las que se ha posicionado como un órgano jerárquicamente por encima del Poder Judicial con facultades de revisión de absolutamente todas las sentencias que expida, soslayando la cosa juzgada judicial por la cosa juzgada constitucional, en mérito a su cuestionada autonomía procesal, asimismo, bajo el argumento de la falta de motivación de las resoluciones judiciales, ha pasado a realizar valoración de medios probatorios y elementos de convicción en procesos constitucionales, asumiendo el papel de jueces penales y ordenando a éstos como es que deben valorarse los medios de prueba, lo que constituye una clara invasión a las atribuciones de los jueces del Poder Judicial, además de establecer que los jueces no pueden apartarse de sus precedentes vinculantes jamás, bajo apercibimiento de ser sancionados tanto administrativamente como penalmente. Este enfrentamiento entre las dos instituciones que imparten justicia debe corregirse, a efecto de generar respeto y confianza en la ciudadanía, por lo que consideramos necesario se establezca un control que debe emanar del mismo Tribunal Constitucional y no de afuera, por lo que la doctrina del self restraint (autolimitación) es adecuado se aplique y se entronice entre los miembros del Tribunal Constitucional, y para su aplicación en nuestro país resulta necesario factores que contribuyan a su eficacia como son: a) Factor político como es: i) Cambiar el sistema de elección de jueces, el resultado de una buena elección conseguirá buenos jueces que se verá reflejado en la calidad de sentencias, lo que beneficia a las instituciones del Estado y sobre todo a los justiciables que verán materializada la tutela jurisdiccional efectiva; b) Miembros del Tribunal moralmente calificados, que a su vez deriva en la observancia de tres principios como son: i) Subsidiariedad de los procesos constitucionales, ii) justificación de sus decisiones y iii) conocimiento de derecho constitucional; y ,c) Factor de compromiso social de los miembros y de la ciudadanía.