Conflictos constitucionales por la repercusión penal y administrativa de los delitos de peligro común ante la violación del principio Ne Bis In Idem, Arequipa 2016

Abstract

Me honra poner a vuestra consideración la presente tesis, que considero justificado para optar el grado académico de maestro en la Universidad Nacional de San Agustín; habiendo titulado este trabajo de investigación “Conflictos constitucionales por la repercusión penal y administrativa de los delitos de peligro común ante la violación del principio Ne Bis In Idem, Arequipa 2016”, porque postula aportar una posible solución a la problemática planteada; dentro del Estado Constitucional y Democrático de Derecho. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal se ha incorporado el delito de peligro común por conducción de vehículo en estado de ebriedad a partir del Código Penal de 1991, criminalizando dicha conducta con el fin de preservar el interés de la sociedad de protegerse del alto índice de accidentes de tránsito y resguardando el bien jurídico seguridad del tráfico jurídico y, derivado de ello, otros bienes jurídicos como la salud, el patrimonio y la vida, entre otros; sin embargo, dicha conducta también está prevista como infracción en el Reglamento de Tránsito vigente, sancionando un mismo hecho dos veces, lo cual permite advertir la vulneración del principio constitucional de ne bis in ídem. Este principio ha sido reconocido dentro de las normas jurídicas convencionales, como lo es el artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (New York, 1966) y artículo 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Costa Rica, 1969); sin embargo, nuestra Constitución no la incorporado expresamente, pero ha sido el Tribunal Constitucional el que ha desarrollado el contenido y los alcances del ne bis in ídem a partir de la Sentencia de fecha 16 de abril del 2003, recaído en el Expediente Nro. 2050-2002-AA-TC, donde ha señalado: “El principio ne bis in ídem tiene una doble configuración: por un lado, una versión sustantiva y, por otro lado, una connotación procesal”, estableciendo su vinculación con el principio de legalidad, principio de proporcionalidad y principio de la cosa juzgada; así como forma parte del contenido del derecho al debido proceso. Pero ha sido la legislación ordinaria, a partir del año 2001, que ha regulado este principio, primero en la Ley Nro. 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General y posteriormente en materia penal, en el año 2004, con el Código Procesal Penal. Los Capítulos I al III corresponden, al marco teórico conceptual, donde desarrollamos las bases teóricas de nuestra investigación, integrada por los conceptos, definiciones, clasificaciones, origen constitucional y legal, como asimismo deducimos la hipótesis y las variables de estudio de nuestro trabajo. En el Capítulo IV se presentan los resultados a los que se llegó luego del análisis de la información. Ya culminando la investigación presentamos las conclusiones con sus correspondientes sugerencias.