Aplicación de criterios tuitivos en la determinación de responsabilidad administrativa derivada de relaciones financieras de consumo afectadas por fraudes informáticos tramitados ante INDECOPI - OR - Arequipa (2019 - 2021)

Abstract

Tras la inevitable e imperiosa adaptación de los consumidores a los nuevos sistemas de tecnología de información y comunicación empleados por el sector financiero para la prestación de sus servicios, han surgido múltiples denuncias exponiendo acontecimientos de operaciones bancarias fraudulentas, siendo que; el eje central de la problemática de la presente investigación está determinado por la actuación de las autoridades administrativas competentes al momento de conducir y resolver los procedimientos correspondientes, esto es si dotan o no de expectativas legítimas a los ciudadanos mediante la aplicación de criterios tuitivos que prioricen los intereses de los consumidores de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico vigente, así como en concordancia con los lineamientos internacionales respectivos. Así también; surge como parte de la problemática la exoneración de responsabilidad administrativa a las entidades bancarias sin considerar que el índice y frecuencia de comisión de fraudes informáticos pudiese desvirtuar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure la ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado. Para ello,se requiere de una correcta interpretación de los fundamentos de la responsabilidad civil extrapolados a la responsabilidad administrativa, que conlleve a una sólida configuración de la previsibilidad de la causa como un límite a la exoneración de responsabilidad de las entidades bancarias. Es así que, conforme las nuevas expectativas de los ciudadanos en la era digital en que nos encontramos, resulta esencial la evaluación y posible reestructuración de la teoría de distribución de riesgo empleada por los sistemas financieros, para que logre ser la más favorable en la protección de sus intereses económicos en sede administrativa y, subsecuentemente concretar, el principio de confianza legítima afianzando la seguridad jurídica esperada en este tipo de servicios.