Incidencia del levantamiento del secreto bancario a pedido de la administración tributaria en el ejercicio de sus facultades y la reserva tributaria

Abstract

El secreto bancario constituye un derecho reconocido a las personas para proteger su información financiera privada por medio del ordenamiento jurídico, no únicamente a nivel nacional sino también internacional; esta institución jurídica se orienta a proteger la intimidad tanto de las personas naturales como de las jurídicas. Para estos efectos, el bien jurídico intimidad se entiende como la reserva que cada quien protege, respecto del conocimiento que se brinda a los demás acerca de su capacidad y actividad financiera; en este sentido, no obedece el azar que el secreto bancario se encuentre expresamente reconocido en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política, que si bien no consagra de manera expresa el derecho al secreto bancario, sí señala supuestos taxativos del levantamiento del mismo, por lo que en la práctica reconoce un estado de inviolabilidad de esta institución, con limitadas excepciones. Por otro lado, tenemos a la reserva tributaria, con protección constitucional en la norma antes referida, que se fundamenta en dos principios de carácter constitucional: (i) el derecho a la intimidad; y, (ii) el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados. La denominada reserva tributaria puede graficarse como una moneda; por un lado, constituye una obligación por parte de la Administración Tributaria, que implica la utilización de la información que por cualquier medio obtengan de los contribuyentes, únicamente para sus propios fines. El otro lado de la moneda, es el derecho de los contribuyentes, a que se mantenga en secreto o reserva la información que pueda obtener la Administración Tributaria. En consecuencia, la reserva tributaria implica la posibilidad legal de acceder a una cantidad ilimitada de información de los contribuyentes, con el único límite de utilizar esa información únicamente para fines fiscales, lo que en realidad implica la protección del derecho a la intimidad del contribuyente. Frente a estas dos trascendentales figuras, tenemos el ius imperium del Estado, que en materia fiscal se manifiesta en el ejercicio de la potestad tributaria y en la posibilidad fáctica de obligar a los particulares a colaborar con una parte de su riqueza para el financiamiento de los gastos del Estado, que deben incidir directamente en el bienestar común. En ese orden de ideas, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la recaudación fiscal resulta vital para el sostenimiento del Estado en su búsqueda de garantizar el respeto a los derechos y garantías constitucionales de sus ciudadanos. Más aún, considerando el alto nivel de informalidad en la economía de nuestro país. Así el Estado Peruano se encuentra obligado a desarrollar nuevos mecanismos para ampliar la base tributaria y optimizar las acciones orientadas a un mayor nivel de tributación. Por lo que el presente trabajo académico, se orienta a analizar los alcances del secreto bancario y la reserva tributaria, y como el levantamiento del secreto bancario por parte de la Administración Tributaria, podría resultar en una mayor eficiencia en el ejercicio de sus facultades; valiéndonos del criterio evolutivo forjado tanto en el derecho nacional como el derecho comparado, de modo tal que podamos esbozar las fronteras de estas instituciones como una garantía del usuario del sistema financiero y no como un obstáculo para la Administración Tributaria. La presente investigación, es de nivel explicativo y propositivo, ya que supone la crítica de teorías y posiciones de orden teórico y en este caso en particular obliga a un desarrollo legal que lleva la ponderación de derechos constitucionalmente protegidos. En relación al tipo de investigación, el presente estudio es una investigación de tipo jurídico-dogmática porque busca aprovechar el desarrollo dogmático respecto al secreto bancario, la reserva tributaria y las facultades de la Administración Tributaria, así como su interacción en el contexto jurídico actual. Además, esta tesis fundamenta sus conclusiones en una propuesta constitucional que es coherente con el objetivo principal.