Estudio comparativo del proceso ordinario de revisión y del proceso constitucional de habeas corpus en contra de resoluciones judiciales en procesos penales concluidos, referido solo al agotamiento de los recursos previstos por la ley procesal de la materia, en el Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa durante los años 2021 - 2022

Abstract

Cuestionar la cosa juzgada en materia penal, no es un tema aislado sino más bien muy recurrente dentro de los pasillos de los órganos jurisdiccionales penales peruanos, es así, que una vez que se evidencia una pretensión y se opta por recurrir a los procesos, en específico cuando se alega a favor de personas sentenciadas inmersas en salidas alternativas, habiendo prestado el sentenciado su asentimiento irregular, de donde el habeas corpus contra resoluciones judiciales o la acción de revisión, “mutatis mutandi” se ha llegado a determinar un tratamiento diferente a esta problemática, pues definen el requisito de procedibilidad referido a la firmeza de la sentencia, según cada caso, solo al agotamiento de los recursos previstos en la ley procesal penal, creando, a mi entender, inseguridad jurídica. En esta línea tenemos, si bien en específico, frente a dos instituciones jurídicas procesales, una ordinaria, como es la acción de revisión debidamente establecida en el nuevo código procesal penal en el artículo 439°, de otro lado, una garantía constitucional como es el proceso de habeas corpus contra resoluciones judiciales, contemplada en el artículo 9° del Nuevo Código Procesal Constitucional, cada una de ellas tiene una naturaleza, objeto, requisitos y sobre todo finalidades completamente distintas, lo que quiere decir entonces, que no pueden presentase de manera indistinta, al estar compartiendo un mismo requisito formal, se estaría calificando procedimentalmente este de manera distinta, en lo referido a la firmeza de la sentencia, creando interpretaciones disimiles, en detrimento de la vía constitucional. Sin embargo, teniendo plenamente establecido lo señalado en el punto anterior, se pretende así contrastar del como vienen resolviendo actualmente nuestros órganos jurisdiccionales, especialmente en el juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, para desde una fuente directa verificar si dicho planteamiento errado, sin atender a la mejora del servicio de administración de justicia. Por último, consideramos a efecto de tener claridad al momento de enervar la cosa juzgada en materia penal, hacer una propuesta de solución, “lege ferenda”, más por estar en juego la libertad personal de los justiciables y por ver comprometido el principio de la seguridad jurídica, tratar como planteamiento común, exigir por parte de los operadores judiciales, en sede constitucional, respetar la esencia y naturaleza de institución de la sentencia firme, y estando a los mismos criterios de la corte Suprema, cuando versa estos sobre la acción de revisión, se vean obligados a determinar y emitir un pronunciamiento de fondo aun cuando hubiera ocurrido, más aún como es el caso en salidas alternativas, de un asentimiento por parte del procesado, pues de lo que se trata es de verificar si ha sido dado en forma irregular, ya que ningún requisito formal es óbice para no atender la protección del contenido constitucional de los derechos fundamentales.