Vigencia de las Causales de Divorcio en el Perú

Abstract

La presente investigación tiene su fundamento en el análisis de las causales de divorcio existentes en nuestro Código Civil, las cuales consideramos excesivas y poco utilizadas en la práctica, por lo que se propone la disminución a dos de ellas: la imposibilidad de hacer vida en común y la de separación de hecho. Para ello, se han analizado las causales existentes en el Código, así como la aplicación que viene dándose a esta causal en el Poder Judicial, advirtiéndose que con el tiempo estas han perdido su real significado, ya que muchas de ellas confluyen en la única causal lógicamente evocable: la de imposibilidad de hacer vida en común. Esto, porque uno de los fines básicos del matrimonio es el hacer vida en común y cuando esta posibilidad se quiebra, el matrimonio fracasa. Para ello, hemos planteado como problema principal si se justifica que las diversas causales para el divorcio que sean distintas a la separación de hecho e imposibilidad de hacer vida en común puedan quedar comprendidas en esta última causal, y como segundo orden, si sería conveniente establecer criterios mínimos para la interpretación de la causal de imposibilidad de hacer vida en común a fin de que los operadores jurídicos puedan otorgar el divorcio en nuestro país, llegando a la conclusión en este extremo que por estos no se podrían establecer por cuanto esta causal debe permitir acceder al divorcio sin otros fundamentos que ella misma. Los objetivos de investigación han sido analizar si todas las causales de divorcio establecidas en el Código Civil pueden estar comprendidas en la causal de imposibilidad de hacer vida en común. Se obtuvo como conclusiones que solo deben ser incorporadas las dos causales mencionadas, debiendo desaparecer todas las demás, basadas en un criterio de autonomía de la voluntad y a fin de aportar el sistema del divorcio voluntario, utilizado también en otros países del mundo. Por lo que se recomienda una modificación del Código Civil en lo que corresponde a la regulación del divorcio por cuanto este debe estar orientado a la protección de la persona, de su libertad y dignidad, como fin supremo de la sociedad y del Estado.