Informe jurídico sobre expediente N° 00017-2019-PI/TC

Abstract

En el presente Informe Jurídico se realizará un análisis del expediente N.° 00017- 2019-PI/TC, referido a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Notarios de Lima (CAL) contra el Poder Ejecutivo, como consecuencia de la emisión del Decreto Legislativo N.° 1400, referido al “régimen de garantía mobiliaria”, y el Decreto Legislativo N.° 1409, referido a la “promoción de la formalización y dinamización de la micro, pequeña y mediana empresa, mediante el régimen societario alternativo denominado sociedad por acciones cerrada simplificada”, los cuales fueron emitidos en virtud de lo previsto en la Ley N.° 30823, mediante la cual se delega facultades legislativas en favor del Poder Ejecutivo para, entre otras cosas, emitir normas en materia de gestión económica y competitividad. La mencionada demanda de inconstitucionalidad se interpone con la finalidad de cuestionar la constitucionalidad de los Decretos Legislativos N.° 1400 y N.° 1409 toda vez que, el demandante afirma que dichas normas se emitieron sin respetar los límites previstos en la ley autoritativa (Ley N.° 30823), mediante la cual se facultaba al Poder Ejecutivo a legislar en diversas materias, entre ellas, gestión económica y competitividad; es decir, considera que los mencionados decretos legislativos son inconstitucionales por la forma. Adicionalmente a ello, el demandante afirma que la regulación contenida en los Decretos Legislativos N.° 1400 y N.° 1409 vulnera el principio de seguridad jurídica en cuanto para la constitución de garantías mobiliarias no sería obligatoria la intervención de un notario público, así como para la constitución de una Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS), es decir, además de la inconstitucionalidad por la forma, el demandante considera que los mencionados decretos legislativos son inconstitucionales por el fondo. Por otro lado, el Poder Ejecutivo, debidamente representado por el Procurador Público Especializado en Materia Constitucional, contestó la demanda señalando que los decretos legislativos cuestionados no restringen competencias notariales y registrales, sino que, por el contrario, establecen medidas alternativas destinadas a favorecer el desarrollo de las actividades empresariales en la sociedad peruana. Finalmente, con fecha 16 de octubre de 2020, el Tribunal Constitucional decidió resolver la controversia declarando infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el CAL contra los Decreto Legislativos N.° 1400 y N.° 1409, por considerar que, los mencionados decretos legislativos, han sido emitidos conforme los límites impuestos por la ley autoritativa y, asimismo, que no se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica; en otras palabras, no se advirtieron vicios de inconstitucionalidad por la forma y/o el fondo.