Informe Jurídico de Expediente Penal N° 6105-2017

Abstract

En el presente informe jurídico se examinará el proceso penal seguido en contra de J. P. C. C. por la supuesta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en supuesto agravio de la ciudadana de iniciales F.E.C.H., la fiscalía tipifico los hechos en el artículo 188, concordante con el artículo 189, primer párrafo, numeral 3 del Código Penal. El hecho del que fue víctima la ciudadana F.E.C.H. ocurrieron el día 18 de julio del 2017, en el distrito de San Martín de Porres, luego de llevarse a cabo las diligencias por parte de la fiscalía decide, con fecha 28 de noviembre del 2017, presentar cargos en contra de J.P.C.C. por ser presunto responsable del delito de robo agravado. Luego de esto, con fecha 19 de diciembre del 2017, el juez penal emitió el auto de procesamiento en contra de J.P.C.C., posterior a ello, el 04 de abril del 2019 el fiscal superior formula acusación en contra de J.P.C.C., solicitando que se le imponga 15 años de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de dos mil soles. Después de llevarse a cabo las sesiones de juicio oral, la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte decidió condenar por mayoría al señor J.P.C.C. como autor del delito de robo agravado, imponiéndole 7 años de pena privativa de la libertad y ordenaron el pago de mil soles por concepto de reparación civil. Al no estar conforme con la sentencia, el sentenciado interpuso y fundamentó su recurso de nulidad en contra de la sentencia condenatoria, solicitando que la Corte Suprema revoque la sentencia, cuestionando que no ha existido una persistencia en la incriminación por parte de la agraviada y que la diligencia de reconocimiento de personas no se ha llevado conforme al procedimiento establecido por ley. Finalmente, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, por medio del recurso de nulidad n.º 169-2020, declaró haber nulidad en la sentencia condenatoria y, reformándola, absolvió de la acusación fiscal al ciudadano J.P.C.C., disponiendo su inmediata libertad, siempre y cuando no exista orden o mandato de detención en su contra.