Excepcionalidad de la prisión preventiva en el distrito judicial de Piura durante 2017 – 2018

Abstract

La finalidad de esta investigación estudio de diseño cuantitativo, tipo descriptivo y de nivel explicativo, es analizar el motivo por el que la prisión preventiva es aplicada como regla, desnaturalizándose su naturaleza excepcional, en el distrito judicial de Piura, durante 2017-2018, dado que el ordenamiento jurídico ha regulado la medida coercitiva de naturaleza personal, denominada prisión preventiva no para ser aplicada como la regla general sino como una excepción a la regla general, siempre que exista concurrencia de los requisitos que señala el artículo 268, del código procesal penal adjetivo, demostrando que no solo en el distrito judicial de Piura sino a nivel nacional, se viene mal aplicando como una regla, lo cual desarrolla el lid jurídico-penal que siempre se ha originado entre presunción de inocencia como prerrogativa constitucional frente a la necesidad de aplicar una prisión preventiva durante el desarrollo de un proceso penal, procurando identificar importantes cuestionamientos o razones que han promovido al mismo, desarrollando como interrogantes: ¿Si la prisión preventiva es la regla o la excepción? ¿o cuál es la finalidad de la prisión preventiva en el marco de los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad? Y para finalizar ¿si la prisión preventiva vulnera el principio de presunción de inocencia, si se entiende como una pena anticipada? Como instrumento se utilizó un cuestionario dirigido a 10 jueces, 12 fiscales y 15 abogados expertos en la materia penal de la ciudad de Piura, realizándose un pliego de preguntas a los expertos, quienes corroboraron la excesiva aplicación de la prisión preventiva, por diversos factores, los cuales inciden de manera negativa con el principio de excepcionalidad. Concluimos que, la excepcionalidad de la prisión preventiva y su incumplimiento, es por su aplicación errónea de resoluciones que ante la no concurrencia de sus presupuestos materiales que exige el código procesal penal, termina siendo aplicada como regla general y afectándose la libertad del imputado, la presunción de inocencia, cuando esta medida solo debería ser valorada como “excepcional”.