El contrato asociativo de consorcio como mecanismo jurídico contractual de prevención de los conflictos sociales mineros en el Perú

Abstract

“La maldición de los recursos naturales”, paradoja que lleva a pensar que, “los recursos naturales por sí mismos son una maldición para un país”. Pero, es el hombre quien pugna por tener estos recursos naturales, la historia está llena de guerras, entre países, entre grupos armados de un mismo país, y de personas que deciden ser parte de la corrupción sistémica para lograr poder económico. La actividad minera no es una maldición en el Perú, provee de fondos a los gobiernos regionales y locales, el 2019 aportó S/. 4,269 millones por regalías y canon minero (Instituto Peruano de Economía, 2021). Pero, el Ministerio de Economía y Finanzas también reportó que los gobiernos locales sólo ejecutaron un 50 por ciento de estos fondos (Melgarejo, 2021) Es una muestra que el Estado no cumplen con su rol de generar el bienestar de la población quienes no ven el beneficio de la actividad minera. Entonces, la paradoja se convierte en una consigna para promover los conflictos sociales mineros. Más aún cuando las comunidades campesinas aseguran que son engañados después que firman los contratos de servidumbres, usufructos, permutas de tierras, y deben desalojar el área donde operará la mina a cambio de un monto de dinero que prontamente gastan. Es el caso de la Mina Las Bambas, los comuneros tomaron las instalaciones de la mina, reclamando incumplimientos de contrato (MMG LAS BAMBAS, 2017). El Sistema Jurídico del Perú, dominalista regalista, no limita que las comunidades campesinas y las empresas mineras puedan firmar contratos asociativos de consorcio y mantenerse vinculados, reciban un porcentaje de participación y trabajen juntos por mejores estándares de producción minera, relacionamiento social y la generación del bienestar y desarrollo de las comunidades campesinas durante el tiempo de la operación de la mina. Así se aseguraría más aportes de impuestos, canon y regalías mineras al Estado peruano, como prueba irrefutable que los recursos naturales no son una maldición para el Perú, sino la forma como los hombres lo administran.