La protección de las víctimas y testigos antes, durante y después del proceso como función del ministerio público

Abstract

El crecimiento y evolución de la función del Ministerio Público hace que se determina el grado de delincuencia que existe en desarrollo jurídico de la normatividad peruana y afinación de mecanismos legales de carácter local, regional e internacional para el combate de este flagelo considerado ya un asunto de seguridad nacional. Como parte de estas estrategias, los estados trabajan en la implementación de Programas de Protección de Testigos para incentivar y reforzar la participación de personas implicadas en el crimen organizado a fin de que proporcionen información que permita el desmembramiento de dichas diligencias. La Organización de las Naciones Unidas publicó hace dos años un Manual de buenas prácticas para la protección de los testigos en /as actuaciones penales que guarden relación con fa delincuencia organizada que sirva de base para las legislaciones. Las organizaciones criminales tienen en la actualidad un mundo sin fronteras derivado del crecimiento, la complejidad del comercio y la alta tecnología y prosperan a pasos agigantados, pues han aprovechado ambiciosamente la falta de autoridad estatal, la pobreza y marginación en la que se encuentran inmersos numerosos países. El testigo durante el proceso penal, puede sufrir ataques contra su vida, familia, o bienes, sobre todo cuando su testimonio es importante para descubrir mafias o redes criminales de corrupción, narcotráficos, terrorismo o crímenes de lesa humanidad, entre otras, la noticia policía registra muchos testigos que han muertos antes de brindar sus testimonios. La legislación peruana se funda en las diligencias coadyuvantes que acrediten las inadecuadas aplicaciones que tienen los Ministerios Públicos frente a los Testigos y víctimas antes, durante, y después, del proceso penal.