La problemática de la impunidad por actos de corrupción frente a la inmunidad parlamentaria

Abstract

El presente trabajo es de tipo jurídico descriptivo, y tiene como finalidad ana l izar la institución de la Inmunidad Parlamentaria de la cual gozan los miembros del Congreso de la República a través de un estudio de la legislación nacional y comparada . Para su desarrollo he cons ignado en primer lugar la delimitación de un problema de investigación, el cual está centrado en establecer los factores que determinan que la inmunidad parlamentaria no garantiza el cumplimiento de la sanción por actos de corrupción y de ser el caso si es necesario la modificación de esta institución y si es necesario para el adecuado ejercicio de las funciones legislativas . Ello ha sido trabajado con herrami entas metodológicas confiables. Cada una de dichas herramientas guarda estrecha relación con los objetivos del trabajo, entre los cuales se encuentra el determinar si esta prerrogativa constituye un mecanismo de barrera a la lucha contra la corrupción y si afecta los principios de igualdad y justicia; y de esta manera establecer si es necesario reformar el artículo 93º de la Constitución que regula dicha institución. Las técnicas empleadas para desarrollar el presente trabajo fueron libros, pági na s web, recopilación documental, entre otras fuentes, lo que me ha permitido tener un soporte doctrinario moderado sobre el tema materia de investigación . Actualmente, entre los grandes doctrinarios tanto nacionales como extranjeros, se viene reflexionando y discutiendo a viva voz sobre la vigencia, crisis y decadencia de esta institución, si bien aun son pocos los Estados que se han alejado de la postura tradicional y que han cuestionado la utilidad de la Inmunidad Parlam entaria y e l cómo contribuyó o no a lograr la consolidación de un Estado moderno, la mayoría aún posee una regulación tradicional, pero lo cierto es que esta nueva tendencia podría convertirse próximamente en mayoritaria y desplazar una vieja tradición jurídica; prueba de ello es la incorporación de este criterio en las leg islaciones Latinoamericanas como la Colombiana y Boliviana.