Conflicto de competencias en el sistema de fiscalización ambiental

Abstract

En el año 2009 se crea un anhelado ministerio del ambiente, que proponía salvaguardar la integridad del espacio en el cual habitamos y a su vez sancionar a los infractores de la ley que pretendan dañar el medio ambiente, cual sea la forma, sobre el cual nos desarrollamos y realizamos todas nuestras actividades. A su vez esta institución crea consigo un órgano fiscalizador, actualmente llamado ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL – OEFA que pretende, no solo vigilar las posibles amenazas ecológicas que puede sufrir el país a lo largo de su territorio, si no también establecer métodos sancionadores para evitar la prolongación del daño. La ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, establece las medidas cautelares y con ello el procedimiento ante una infracción ambiental, restándole autoridad a la ley orgánica de municipalidades N° 27972, pues disminuye la gestión del alcalde respecto al mantenimiento de las licencias de funcionamiento, y estaría incumpliendo normas con rango de ley tales la ley del procedimiento administrativo, la ley marco de licencias de funcionamiento entre otras. Es por ello que como primera solución, se propone la posible modificación de la medida correctiva correspondiente a la retención o cancelación definitiva de las licencias de funcionamiento por haber incurrido en agravio ambiental, para que esta sea dada por el gobierno local, es decir el municipio, mas no el gobierno central representado por la OEFA; a fin de equilibrar la autonomía de la localidad y evitar el conflicto de competencias en ambos gobiernos. Como segunda solución, se propone también adecuarlo a la normativa constitucional, pues la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, estaría contraviniendo el orden jerárquico sobre la ley orgánica de municipalidad, haciendo de la misma un acto de inconstitucionalidad; pudiendo caber la idea de declarar dicha norma (Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA) como inconstitucional por contravenir la constitución.