El precedente Huatuco y su aplicación en el sistema laboral público peruano

Abstract

Hoy en día el mundo se va integrando más a través de la tecnología, las comunicaciones, los conocimientos. En ese contexto, las empresas y organismos del Estado requieren de personal calificado para estar a la altura de las exigencias internacionales. El mundo laboral se hace cada vez más exigente, más competitivo, donde los más preparados tendrán la posibilidad de obtener un empleo, ya sea en la actividad privada o pública.

La ciencia y el derecho cada vez evolucionan más, las interpretaciones se van ajustando a las nuevas necesidades que se van experimentando.

En ese sentido, el presente trabajo de investigación trata de explicar porque es necesario implementar políticas que se orienten a establecer como regla básica y principal el concurso público de méritos en igualdad de condiciones y oportunidades para todos para el acceso a un empleo permanente en la administración pública.

En esa línea de ideas, traemos a tratamiento el problema jurídico laboral producido a partir de la dación del Precedente Huatuco con la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº 05057-2013-AA, de fecha 16 de abril de 2015.

Muchos son los que se oponen a dicha regla jurídica dada por el supremo tribunal, consideran que éste constituye un retroceso en los derechos laborales de los trabajadores, otros consideran que es contrario a los preceptos convencionales, constitucionales y legales.

Todas estas consideraciones nos llevan a realizar una investigación del problema, en lo que respecta a su tratamiento, con análisis normativos convencionales, constitucionales y legales y de la realidad actual de la administración pública. Ello nos permite explicar si efectivamente los que se oponen a la norma jurídica dada por el TC no contribuye en nada al derecho. A partir de ello, nos plantemos ciertas preguntas que nos ilustraron que no es cierto que la dación de dicho precedente normativo constituía retroceso u atropello a los derechos laborales de los trabajadores.

Nos permitió concluir que la norma si es aplicable a los regímenes laborales principales (D.Leg. 1057, 276 y 728) y otros permitidos por Ley) y no específicamente al D.Leg. Nº 728, como equívocamente sostienen los que se oponen a su implementación.

Igualmente, nos permitió establecer que los derechos consagrados en los pactos internacionales y normas constitucionales deben ser interpretados en sentido amplio, no restringido, es decir el derecho de todos a tener un empleo y a la oportunidad para acceder a ella.

Asimismo, explicamos que la única fórmula empleada para reparar un despido arbitrario, la reposición laboral, no necesariamente es la adecuada, pudiéndose optar por la indemnización u otra medida que la ley faculte.

Concluimos precisando que la reposición laboral indiscriminada en la administración pública, que convierte a dichos trabajadores en permanentes a plazo indeterminado, sin que de por medio se valore si su relación laboral obedeció a concurso público, conlleva a una administración ineficiente e ineficaz, por ser éste un personal probablemente no calificado, entre otras conclusiones.