El Desalojo Express y su Eficacia en los Procesos de Ejecución de Desalojo en la Provincia de Coronel Portillo Año 2022

Abstract

El Desalojo Notarial Express en Perú es una modalidad procedimental disenada para agilizar la restitución de propiedades alquiladas a los arrendadores, ante el incumplimiento de los inquilinos. La ley peruana, específicamente la Ley N° 30933, establece un marco legal para este procedimiento, permitiendo una recuperación más rápida de los inmuebles. Este procedimiento involucra dos fases principales: una notarial y otra judicial. En la fase notarial, un notario público verifica el cumplimiento de los requisitos legales y notifica al arrendatario sobre el inicio del procedimiento. Posteriormente, en caso de disputas o incumplimientos no resueltos, el proceso se traslada al ámbito judicial, específicamente ante un Juez de Paz Letrado, quien tiene la autoridad para tomar decisiones finales. Para que un contrato de arrendamiento sea susceptible de desalojo notarial express, debe incluir cláusulas de allanamiento futuro, sometimiento expreso a la Ley de Desalojo con Intervención Notarial, y una indicación clara de una cuenta de ahorros para el depósito de rentas. Las causales que justifican el inicio de este procedimiento son el vencimiento del contrato sin renovación por parte del arrendatario y el incumplimiento en el pago de la renta. Los requisitos para proceder con un desalojo notarial express incluyen una identificación precisa del inmueble, un contrato de arrendamiento formalizado a través del Formulario Único de Arrendamiento (FUA) o en Escritura Pública, y el cumplimiento de cualquier modificación contractual bajo las mismas formalidades del contrato original. El procedimiento ante el notario comienza con la presentación de una solicitud por parte del arrendador, acompanada de los documentos requeridos, como la identificación de las partes, el contrato de arrendamiento y una carta notarial previa enviada al inquilino. El notario luego verifica los requisitos y, de no haber oposición por parte del arrendatario, extiende un acta no contenciosa que sirve como título ejecutivo para proceder con el desalojo. Este expediente se envía al Juez de Paz Letrado para continuar con la fase judicial. El arrendatario tiene derecho a oponerse a la solicitud de desalojo por motivos como la renovación del contrato, constancia de pago de renta o incumplimiento de formalidades legales en el contrato. La oposición debe estar bien fundamentada y respaldada por documentos que justifiquen el rechazo al desalojo. A través de una metodología rigurosa y un análisis profundo, se han identificado importantes cambios normativos y se han evaluado sus efectos en la práctica legal. Sin duda, esta investigación constituye una contribución valiosa al campo del derecho civil y procesal, y ofrece una base sólida para futuros estudios y debates en este ámbito