La objeción de conciencia en casos de aborto en el Perú

Abstract

El aborto inducido es la finalización intencional del embarazo mediante la eliminación de un embrión o feto antes de que pueda sobrevivir fuera del útero, realizada mediante intervención quirúrgica o la ingesta de fármacos. La normativa sobre el aborto varía alrededor del mundo y está en constante cambio. Mientras que en algunos lugares es un delito, en otros es considerado un derecho sexual y reproductivo. Actualmente, en Perú el aborto es un delito, con eximencia en los casos de aborto terapéutico. Sin embargo, en los países en los que se contempla el aborto como parte del derecho a la salud, se requiere de distintos profesionales sanitarios para poder satisfacer la exigencia de dicha conducta pública positiva. Pero, ¿qué sucede cuando los profesionales sanitarios y auxiliares de la profesión de la salud tienen concepciones culturales, científicas, filosóficas y/o religiosas contrarias al aborto? Esta confusión del contenido esencial del derecho de la salud y el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión puede resolverse gracias a la figura de la objeción de conciencia. Pocos ordenamientos jurídicos la reconocen explícitamente y, cuando lo hacen, lo ubican generalmente en relación con el servicio militar y la libertad religiosa. No obstante, algunos países permiten ejercerla para hacer valer la negativa a ejecutar prácticas abortivas, de modo que el objetor queda eximido de cooperar, directa o indirectamente, en su realización por motivos de conciencia. En Perú, existen algunas normas que regulan la objeción de conciencia y el Tribunal Constitucional ha emitido diversas sentencias sobre el tema. Sin embargo, no se ha obtenido una doctrina jurídica uniforme sobre ella, y mucho menos sobre qué sucede en los casos de aborto. En el presente trabajo abordaremos la naturaleza jurídica de la objeción de conciencia, así como su aplicación e implicancias jurídicas en los casos concretos, específicamente en los casos de aborto.