Fundamentos Jurídicos que Sustentan el Deber del Ministerio Público para Tutelar la Libertad Personal del Imputado en el Proceso Penal

Abstract

Como todo problema de investigación, la presente surgió a partir de constante lectura sobre las funciones del Ministerio Público dentro del Proceso Penal peruano. Si bien es cierto, el Ministerio Público hoy en día es considerado como el persecutor del delito, función que en gran medida ha sido desarrollado considerablemente; sin embargo, hay otras funciones que desde el punto de vista de la legalidad no han tenido el mismo tratamiento o desarrollo que debiera, una de ellas es la de defensa de la legalidad en el Proceso Penal. Para poder entender sobre el significado y contenido de la defensa de la legalidad como función del Ministerio Público, nos hace obligatorio conocer en qué consiste la legalidad. En estricto, de lo que se trata de entender es sobre la legalidad jurídica. De manera muy breve afirmamos que la legalidad jurídica es un sistema de leyes de obligatorio cumplimiento y que conlleva a que los actos principalmente jurídicos sean sustentados en un marco normativo que lo regula. Ahora bien, de manera particular, la legalidad jurídica contiene innumerables Derechos Fundamentales y otros. Dentro de los Derechos Fundamentales que contiene está el derecho a la libertad personal de todo ciudadano; entonces, el Ministerio Público como defensor de la legalidad, está en la obligación de tutelarlo durante todo el Proceso Penal. Por otro lado, el Ministerio Público encuentra respaldo para tutelar la libertad personal del imputado en el Proceso Penal en el principio de dignidad de la persona, también de la sujeción funcionarial de los poderes y no poderes públicos a la Constitución, en la Ley y los Derechos Fundamentales, y finalmente en el principio de objetividad como proposición orientadora de la función del Ministerio Público en el Proceso Penal. Finalmente, del problema planteado y de la contratación de las hipótesis formuladas, está plenamente demostrado que el Ministerio Público está obligado a tutelar los derechos contenidos en la legalidad jurídica, en particular los que se ponen en tela de juicio en el Proceso Penal. Esta función será adecuadamente cumplida en tanto este organismo autónomo constitucionalmente, haga uso de los recursos y procesos que la Constitución y la Ley le faculta, con el propósito de evitar o hacer cesar la amenaza o lesión de los valores fundamentales de la persona, en particular la libertad personal del imputado en el Proceso Penal.