Funcionario público en los delitos contra la administración pública

Abstract

En nuestro ordenamiento jurídico se ha hablado mucho acerca de la figura de funcionario público; sobre todo se ha tocado mucho éste tema en el derecho penal; ello con el fin de poder determinar a quién se considera funcionario público en los delitos contra la administración pública. Nuestra legislación ha tratado de solucionar el conflicto que genera la identificación de funcionario público en el derecho penal; es decir, saber con precisión quién se le denomina funcionario público; es por ello que se han promulgado normas y leyes que tratan de dar un concepto o alcances específicos para determinar quién es funcionario público, en este sentido nuestra Constitución en sus artículos 39° y 40° hace referencia a funcionario público; de la misma forma nuestro Código Penal en su artículo 425° prescribe a quiénes se les considera funcionarios públicos; el Decreto Supremo N° 005-90-PCM en el artículo 4o tiene su propio concepto de funcionario público; La Ley Marco del Empleo Público Ley N° 28175, también da una definición de funcionario público; a nivel doctrinario se manejan muchas definiciones de funcionario público; asimismo, a nivel jurisprudencial se ha tratado de establecer quién es funcionario público en los delitos contra la Administración Público, sin embargo, no se ha podido lograr, incluso hay ejecutorias respecto al tema en análisis que son contradictorias, lo que agrava más la situación. Pero de lo anteriormente señalado, a quien considera el Derecho Penal funcionario público como sujeto activo en los delitos contra la administración pública; es decir, el código penal que concepto adopta de funcionario público. Es en tal sentido, nuestro ordenamiento jurídico proporcione alcances muy genéricos para comprender y/o identificar al funcionario público; adoptando como posible medida de solución el realizar una interpretación teleológica y concordada de la norma especial; ello con el fin de subsanar el impase advertido acerca de la dificultad que existe en identificar al mencionado sujeto los delitos contra la administración pública.