La motivación de resoluciones judiciales que disponen la prisión preventiva y la afectación a los principios de la función jurisdiccional en el distrito judicial de Piura

Abstract

La presente investigación ha realizado un análisis de diferentes definiciones, centrando su atención sobre; el derecho a la motivación de resoluciones judiciales, la prisión preventiva como medida cautelar, sus presupuestos procesales para su configuración, así como sus características; haciendo acotación al derecho de la libertad personal, y por último el debido proceso y sus características más relevantes. También se analizó la normativa nacional correspondiente, tomando como referencia la legislación comparada de España, Argentina; en relación a la fundamentación practica que se ha obtenido en base al trabajo de campo, mediante el instrumento denominado cuestionario, aplicado a los operadores del derecho como: jueces, abogados especialistas en Derecho penal, de los cuales se ha obtenido resultados de la situación por la que atraviesa nuestro actual sistema de justicia, así como la falta de motivación de las resoluciones judiciales que disponen la prisión preventiva carece de coherencia, razonabilidad y suficiencia, vulnerando el debido proceso. El objetivo de esta investigación es “Determinar si las resoluciones que dictan la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Piura afectan los principios de la función jurisdiccional el debido proceso y la motivación de resoluciones.”. Planteando la siguiente hipótesis: “La motivación en resoluciones judiciales que disponen la prisión preventiva carece de coherencia, coherencia y suficiencia, vulnerando el debido proceso”. Siendo la metodología; descriptiva – explicativa. Llegando a la conclusión general “Lasresoluciones judiciales en su gran mayoría no guarda coherencia respecto a su motivación, vulnerando así los principios de la función jurisdiccional creando inseguridad a los ciudadanos; ya que se ha comprobado que muchos jueces con el solo hecho de transcribir literalmente el cuerpo legal considera que existe una debida argumentación”.