Rediseño institucional basado en el desarrollo de un nuevo modelo de gobernanza con redes comunitarias para el cierre de la brecha residual de telecomunicaciones rurales en el Perú

Abstract

Conectar a los desconectados viene siendo, con mayor o menor intensidad, la situación deseada de atención a un problema en la agenda pública peruana desde hace casi treinta años. A inicios de la década de los 2020, sobre todo a raíz de la pandemia de la COVID- 19, se ha visto que la amplia brecha en los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales limita, en sus habitantes, condiciones elementales para el desarrollo de sus proyectos de vida, su inclusión social y el ejercicio de sus derechos en igualdad. Dicho esto, el problema público identificado es la insuficiente conectividad de servicios de telecomunicaciones para los habitantes de áreas rurales de «brecha residual» de telecomunicaciones. Con este nuevo término, se pretende caracterizar a aquellas localidades que, para el sector privado y el sector público, no son priorizadas ni son priorizables dentro de las intervenciones de inversión de los modelos de negocio ni de las que conforman el diseño institucional actual con las que se promueve la entrega de servicios en áreas rurales. Las causas de las que deviene este problema público se encuentran en la concurrencia de que las intervenciones públicas en el cierre de brechas de conectividad resultan limitadas, a que existen mayores preferencias de inversión privada en áreas urbanas y a la presencia de condiciones desfavorables para la generación de demanda en áreas rurales. Por ello, se considera válido revisitar este problema público bajo una heurística que profundice sobre estas causas e identifique cuáles son las limitaciones en el actual diseño institucional. Es así como se establece que la conectividad digital en áreas de «brecha residual» califica como un wicked problem y que el diseño institucional actual, regido con intervenciones top-down, es insuficiente para afrontarlo con eficacia. En tal sentido, este trabajo propone, partiendo de la oportunidad que brinda la emergencia de las redes comunitarias sostenibles como espacios de autogestión de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales, la incorporación de una tercera vía que promueva en el Perú, como política pública, a las redes comunitarias de comunicaciones para la atención de la brecha residual en el corto plazo. Esta nueva vía, complementaria al diseño institucional actual peruano, se constituye a partir de un nuevo modelo bottom-up de gobernanza multiestamental centrado en el potencial usuario rural y con base en una organización conformada para este propósito o en el actual tejido rural de organizaciones comunitarias de otros sectores, como son, por ejemplo, las comunidades campesinas, las administradoras de servicios de agua o las cooperativas cafetaleras. Su materialización se da en la generación de un marco normativo específico que promueva, como política pública, una estructura de decisión para las comunidades en las que se reconfiguren los roles de los actores y sus dinámicas tradicionales. En este espacio, fuera de las lógicas de mercado tradicionales, las comunidades organizadas pueden, en línea con sus inherentes aspiraciones, reconocer sus necesidades, limitaciones, amenazas y fortalezas y, a partir de ello, elegir y desarrollar un esquema de conectividad contextualmente más eficiente bajo un enfoque de interculturalidad y que aprovechen, por ejemplo, soluciones de bajo costo o de tecnologías abiertas. Por su parte, las funciones del Estado devienen en un rol de promoción, de articulación y, eventualmente, de financiamiento; no siendo menor el rol que, potencialmente, pueden cumplir la sociedad civil, el sector privado, la academia o la cooperación internacional en estas mismas funciones.

Connecting the disconnected has been, with greater or lesser intensity, the desired situation of attention to a problem in the Peruvian public agenda for almost thirty years. At the beginning of the 2020s, especially because of the COVID-19 pandemic, it has been seen that a wide gap in telecommunications services in rural areas limit their inhabitants the elementary conditions for the development of their life projects, for their social inclusion and the exercise of their rights with equality. That said, the public problem identified is insufficient telecommunications service connectivity for inhabitants of rural areas of telecommunications called “residual gap“. With this new term, it is intended to characterize those localities that, for the private sector and the public sector, are not prioritized or prioritizable within the investment interventions of the business models or those that make up the current institutional design with which the delivery of services in rural areas is promoted. The causes of this public problem lie in the concurrence that public interventions in closing connectivity gaps are limited, that there are greater preferences for private investment in urban areas, and the presence of unfavorable conditions for the generation of demand in rural areas. Therefore, it is considered valid to revisit this public problem under a heuristic view that focus on these causes and identifies what the limitations are in the current institutional design. This is how it is established that digital connectivity in areas of “residual gap“ qualifies as a wicked problem and that the current institutional design, governed by top-down interventions, is insufficient to face it effectively. In this sense, this work proposes, based on the opportunity offered by the emergence of sustainable community networks as spaces for self-management of telecommunications services in rural areas, the incorporation of a third way that promotes in Peru, as a public policy, community communications networks for the attention of the residual gap in the short term. This new path, complementary to the current Peruvian institutional design, is constituted from a new bottom-up model of multi-state governance focused on the potential rural user and based on an organization formed for this purpose or on the current rural fabric of community organizations from other sectors, such as, peasant communities, water service managers or coffee cooperatives. Its materialization occurs in the generation of a specific normative framework that promotes, as a public policy, a decision-making structure for communities in which the roles of the actors and their traditional dynamics are reconfigured. In this space, outside of traditional market logics, organized communities can, in line with their inherent aspirations, recognize their needs, limitations, and strengths and, from this, choose and develop a contextually more efficient connectivity scheme under an intercultural approach and it takes advantage of, for example, low-cost solutions or open technologies. For its part, the functions of the Government become a role of promotion, articulation, and, eventually, financing; the role that civil society, the private sector, academia, or international cooperation can potentially play in the same functions is not minor.